Nunca he ocultado mi abierta oposición al megaproyecto del Tren Maya, promovido por el presidente López Obrador poco antes de su toma de posesión, en el 2018, así como al programa "Sembrando Vida", que pretende hacer cambios de uso de suelo en territorios de la selva del sureste mexicano que no tiene vocación agrícola.

Me opongo porque ambos proyectos del gobierno federal  no solamente traerán severos impactos ambientales para toda la región (territorios que conozco bien desde mi infancia), sino, fundamentalmente, porque soy un convencido de que las iniciativas para un verdadero desarrollo sustentable deben ser propuestas formuladas desde las comunidades  y las regiones involucradas; y no así como una oposición dictada desde el centro del país. "El Tren Maya va porque va, llueva, truene o relampaguee", ha dicho el presidente de la república.

 

 

En el caso del Tren Maya, por ejemplo, la decisión (que no fue consultada -como lo establece la legislación mexicana- con las comunidades originarias involucradas en el trayecto del tren) ya está teniendo impactos sobre el territorio quintanarroense, en su flora y fauna de sus ecosistemas, y en el equilibrio del tejido social de algunas de las comunidades que serán afectadas aún antes de iniciar. Y lo mismo está sucediendo con el programa “Sembrando Vida”, que incentiva a los ejidatarios a establecer sistemas productivos agroforestales combinando la producción de los cultivos tradicionales con el aprovechamiento de árboles frutícolas y maderables, con lo que se busca generar empleos y recuperar la cobertura forestal de un millón de hectáreas en el país. 

Medios de comunicación locales han dado testimonio de los conflictos que están presentándose en dos ejidos de la península yucateca, donde los pobladores se están preparando para recibir los beneficios que creen les traerán los tan publicitados y comentados proyectos federales.

En la región de Bacalar, antes conocida por su espectacular laguna de siete colores y por su diversidad faunística, pobladores de los de ejidos Juan Sanabria, en la comunidad de Xul Há; y del de Aarón Merino Fernández, en el municipio de Bacalar, están deforestando alrededor de 300 hectáreas de selva originaria. De acuerdo con información publicada por la agencia noticiosa SIPSE, de Quintana Roo, el comisariado ejidal de Juan Sanabria, conformado por 80 ejidatarios, tomó la decisión de devastar la selva mediana que existe en parcelas cercanas a pozos de agua potable. Se dice que para poder acceder a los recursos del programa federal “Sembrando Vida”, cada ejidatario debe limpiar un total de 2,5 hectáreas de selva; lo que suma en total la pérdida de 200 hectáreas de ecosistemas en los que habitan numerosas especies de aves, mamíferos, reptiles, flora y fauna endémica e irrecuperable de la región. Particularmente, ejidatarios de Juan Sanabria se jactan de tener al margen cualquier acción de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para evitar la devastación.

En 2017, miembros de la comunidad menonita hicieron lo propio en el municipio de Bacalar. Ese año se registró afectación en una extensión total de mil 316 hectáreas, 637.5 del ejido “El Paraíso” y 678.5 de “El Bajío”, por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

 

 

En el caso del ejido Aarón Merino Fernández, ubicado en las inmediaciones del kilómetro 27 de la carretera federal y por donde, supuestamente, pasará el Tren Maya, ya son más de 50 hectáreas de selva retirada con la intención de edificar construcciones turísticas. Son tales las expectativas que ha despertado entre ellos el anuncio del Tren Maya (proyecto del cual prácticamente nadie conocemos el Plan Maestro), que los ejidatarios están ya realizando trámites para realizar el cambio de uso de suelo para urbanizar y poder explotar una superficie de 3 mil hectáreas.

La negativa del municipio para otorgar las autorizaciones ha desatado un grave conflicto social, mismo que ha llevado al cierre del tiradero de residuos sólidos municipal y a manifestaciones constantes; ahora los ejidatarios buscan lograr la conversión de sus tierras negociando con las autoridades agrarias.

En fin, es tiempo en que ninguno de los cacareados programas federales ha iniciado formalmente y los conflictos sociales y la devastación ambiental ya han comenzado, sin que nadie se haya podido hacer cargo de ellos a la fecha. Desde mi perspectiva, éste es el resultado de no trabajar de la mano con las comunidades, de no consultar cuáles son realmente los proyectos que ellos contemplan para fortalecer a su región y a sus identidades y vínculos con su entorno natural.

Ojalá que la prisa por obtener resultados no lleve a las autoridades a dejar de entender que cualquier transformación a la que se aspire, debe trabajar primero en sentar las bases suficientemente sólidas que garanticen su permanencia; y que, una de éstas, es la preservación, la conservación e incluso el incremento del capital natural de nuestra nación.▄

 

Deforestación de la selva en territorio de Bacalar, en Quintana Roo.