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Prevención de riesgos debe ser un proceso permanente en la gestión de toda organización 

 

 

 

* La corrupción es una variable que debe ser considerada y abatida en México a fin de dar certeza y seguridad

 

*  Manifestación de impacto ambiental y urbano, así como norma ISO 31000, son herramientas para prevenir riesgos ambientales que debieran ser suficientes

 

 

 

Por Antena Radio / 3a. Edición  / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, con Francisco Calderón Córdova / IMER - Horizonte 107.9 FM, - 1220 AM y - Radio México Internacional (a todo el mundo) / Ciudad de México /  30 de noviembre de 2015.

 

 

Me dirá usted si no: muchas de las decisiones importantes que tomamos cotidianamente, ya sea en lo individual o incluso de manera colectiva, en repetidas ocasiones están precedidas de una frase popular que reza “el que no arriesga, no gana”. Es como si todos tuviéramos internalizada la idea de que, en una gran variedad de eventos en la vida, siempre existe el riesgo de que las consecuencias de nuestro actuar puedan ser potencialmente distintas a lo que habíamos previsto, o –incluso- totalmente contrarias y adversas a lo que perseguíamos alcanzar en un principio.

Pero si, en cambio, logramos sortear con éxito la combinación de las probabilidades que desencadena nuestra acción así como sus consecuencias, correr el riesgo habrá valido indudablemente la pena cuando alcanzamos la meta que nos habíamos propuesto. 

Desde el punto de vista de la gestión de las organizaciones, sea cual sea su naturaleza -pública, social o privada-, el riesgo es por definición el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos; es un amplio abanico de variables que, aún sin haber escapado a nuestras más sesudas prevenciones, pueden surgir inesperadamente y actuar de manera adversa al logro de lo que nos proponíamos. Por lo mismo, al igual que el proceso de la planeación estratégica, la prevención y la gestión de los riesgos tienen que ser actividades permanentes, transversales en la estructura organizacional y demandan una permanente retroalimentación tanto de las condiciones internas como externas de la institución. 

 

 

El ejemplo más típico de prevención de riesgos es el de las brigadas de protección civil, que contemplan a una serie de posibilidades de eventos (como sismos, incendios, derrumbes, riesgos sanitarios) y que cuentan con protocolos de actuación bien definidos y prevén la capacitación al personal para enfrentar y abatir los riesgos a lo largo y ancho de la estructura de la organización.

En materia de riesgos ambientales, existe una clara clasificación que permite manejar, en la medida de lo posible, los riesgos naturales y los riesgos antropogénicos, así como su prevención en consideración de las condiciones climáticas, territoriales, biológicas o derivadas de la dinámica económica y poblacional. Existen y son operadas, desde hace ya algunas décadas, distintas herramientas para prevenir los riesgos ambientales; es el caso de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) o el de la Manifestación o Estudio de Impacto Urbano.  

Pero también, más recientemente –en el 2009- hemos conocido a una familia de normas de gestión de riesgos definidas por la Organización Internacional de Normalización y que son aplicables (bajo el sello ISO 31000) a procesos destinados a la integración y a la prestación de productos y servicios.  

Y, bueno. Existiendo todo este arsenal de herramientas –tanto normativas como técnicas- para reducir a su mínima expresión los riesgos ambientales, uno se pregunta entonces por qué suceden eventos como el que presenciamos recientemente en la zona de Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México, en donde los deslaves del terreno del hoy famoso predio de la calle Altavista, en Contadero, pusieron en riesgo la vida, la seguridad y el patrimonio de decenas de familias. 

Sobre todo, llama la atención que desde el año 2011, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT), emitió una resolución en la que claramente señalaba que la zonificación establecida en los programas delegacionales sólo permitía la construcción de 20 viviendas en tres niveles en ese predio, y que estaba prohibida la presencia de antenas, torres o mástiles de más de 30 metros de altura. También, cuando se sabe que los deslaves pudieron haber sido causados por una conexión incorrecta de los sistemas de desagüe y drenaje, salta a la vista que no fueron aplicadas puntualmente las prevenciones establecidas en el Reglamento de Construcciones para minimizar los riesgos.

 

 

A la luz de los hechos, el diagnóstico para ésta y otras situaciones que están poniendo en riesgo a los habitantes de la Ciudad de México es simple: tenemos herramientas capaces de determinar, con un alto grado de precisión y confiabilidad, cuáles son los riesgos ambientales a los que estamos expuestos frente a la dinámica del crecimiento de la Ciudad de México y, sobre todo, cómo podemos reducirlos y evitarles razonablemente.  

Pero, desafortunadamente, hay un factor que está fuera de control y que vulnera ya a cualquier esfuerzo racional y técnico para enfrentar los riesgos que nos amenazan; y éste es el galopante avance de la corrupción en los distintos órganos, órdenes y poderes del Estado.  

 

Diversidad Ambiental ©, es una publicación virtual de Paco Calderón