Me
dirá usted si no: muchas de las decisiones importantes
que tomamos cotidianamente, ya sea en lo individual o
incluso de manera colectiva, en repetidas ocasiones
están precedidas de una frase popular que reza “el que
no arriesga, no gana”.
Es como si todos tuviéramos internalizada la idea de
que, en una gran variedad de eventos en la vida, siempre
existe el riesgo de que las consecuencias de nuestro
actuar puedan ser potencialmente distintas a lo que
habíamos previsto, o –incluso- totalmente contrarias y
adversas a lo que perseguíamos alcanzar en un principio.
Pero si, en cambio, logramos sortear con éxito la
combinación de las probabilidades que desencadena
nuestra acción así como sus consecuencias, correr el
riesgo habrá valido indudablemente la pena cuando
alcanzamos la meta que nos habíamos propuesto.
Desde el punto de vista de la gestión de las
organizaciones, sea cual sea su naturaleza -pública,
social o privada-, el riesgo es por definición el efecto
de la incertidumbre sobre los objetivos; es un amplio
abanico de variables que, aún sin haber escapado a
nuestras más sesudas prevenciones, pueden surgir
inesperadamente y actuar de manera adversa al logro de
lo que nos proponíamos. Por lo mismo, al igual que el
proceso de la planeación estratégica, la prevención y la
gestión de los riesgos tienen que ser actividades
permanentes, transversales en la estructura
organizacional y demandan una permanente
retroalimentación tanto de las condiciones internas como
externas de la institución.
El ejemplo más típico de prevención de riesgos es el de
las brigadas de protección civil, que contemplan a una
serie de posibilidades de eventos (como sismos,
incendios, derrumbes, riesgos sanitarios) y que cuentan
con protocolos de actuación bien definidos y prevén la
capacitación al personal para enfrentar y abatir los
riesgos a lo largo y ancho de la estructura de la
organización.
En materia de riesgos ambientales, existe una clara
clasificación que permite manejar, en la medida de lo
posible, los riesgos naturales y los riesgos
antropogénicos, así como su prevención en consideración
de las condiciones climáticas, territoriales, biológicas
o derivadas de la dinámica económica y poblacional.
Existen y son operadas, desde hace ya algunas décadas,
distintas herramientas para prevenir los riesgos
ambientales; es el caso de la Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA) o el de la Manifestación o Estudio de
Impacto Urbano.
Pero también, más recientemente –en el 2009- hemos
conocido a una familia de normas de gestión de riesgos
definidas por la Organización Internacional de
Normalización y que son aplicables (bajo el sello ISO
31000) a procesos destinados a la integración y a la
prestación de productos y servicios.
Y, bueno. Existiendo todo este arsenal de herramientas
–tanto normativas como técnicas- para reducir a su
mínima expresión los riesgos ambientales, uno se
pregunta entonces por qué suceden eventos como el que
presenciamos recientemente en la zona de Santa Fe, al
poniente de la Ciudad de México, en donde los deslaves
del terreno del hoy famoso predio de la calle Altavista,
en Contadero, pusieron en riesgo la vida, la seguridad y
el patrimonio de decenas de familias.
Sobre todo, llama la atención que desde el año 2011, la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial
del Distrito Federal (PAOT), emitió una resolución en la
que claramente señalaba que la zonificación establecida
en los programas delegacionales sólo permitía la
construcción de 20 viviendas en tres niveles en ese
predio, y que estaba prohibida la presencia de antenas,
torres o mástiles de más de 30 metros de altura.
También, cuando se sabe que los deslaves pudieron haber
sido causados por una conexión incorrecta de los
sistemas de desagüe y drenaje, salta a la vista que no
fueron aplicadas puntualmente las prevenciones
establecidas en el Reglamento de Construcciones para
minimizar los riesgos.
A la luz de los hechos, el diagnóstico para ésta y otras
situaciones que están poniendo en riesgo a los
habitantes de la Ciudad de México es simple: tenemos
herramientas capaces de determinar, con un alto grado de
precisión y confiabilidad, cuáles son los riesgos
ambientales a los que estamos expuestos frente a la
dinámica del crecimiento de la Ciudad de México y, sobre
todo, cómo podemos reducirlos y evitarles
razonablemente.
Pero, desafortunadamente, hay un factor que está fuera
de control y que vulnera ya a cualquier esfuerzo
racional y técnico para enfrentar los riesgos que nos
amenazan; y éste es el galopante avance de la corrupción
en los distintos órganos, órdenes y poderes del Estado.
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