A consulta, sustitución de Norma 26 para construcción de vivienda de interés social

  

 

 

* Emite PAOT recomendaciones por afectación a barranca en Cuajimalpa y por construcción ilegal en Cuauhtémoc

 

* Aspectos ambientales y de ordenamiento territorial aún no son vistos transversalmente en las decisiones de gobierno

 

  

Por Antena Radio / Edición vespertina / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, Francisco Calderón Córdova / IMER Horizonte 107.9 FM y 1220 AM / Ciudad de México /  1° de septiembre de 2014.

 

La semana pasada –el martes 25 de agosto-, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) emitió dos recomendaciones públicas que dan cuenta claramente de los procesos que están deteriorando ambientalmente a la Ciudad de México y, por tanto, a la calidad de vida de quienes la habitamos.

La primera de ellas, la Recomendación 03/2014, está dirigida a la delegación Cuajimalpa por la ocupación ilegal del espacio público y la consecuente afectación de la Barranca El Zapote, área de valor ambiental; y la segunda, la Recomendación 04/2014, es para la delegación Cuauhtémoc por la demolición de un inmueble con valor histórico en la colonia Condesa y por permitir ahí la construcción de un edificio que rebasó la altura permitida en el programa de desarrollo urbano para esa zona.

En el primer caso, se recomienda al jefe delegacional en Cuajimalpa retirar una construcción ilegal sobre la avenida STIM y que obstruye el acceso a la barranca El Zapote, en Lomas del Chamizal Tercera Sección (lo que permitirá también una mejor vigilancia de las actividades que están afectando hoy a esta área de valor ambiental). Y, en la segunda recomendación, se insta al titular de la delegación Cuauhtémoc a demoler la construcción que, con documentos y autorizaciones falsas, arrebató a los vecinos de la calle Fernando Montes de Oca un inmueble patrimonial (en el que, por cierto, se dice que se filmaron algunas escenas –entre 1931 y 1932- de la primera película sonora mexicana y fotografiada por Alex Philips: “Santa”).

En el acto público en el que fueron presentadas a los medios de comunicación estas recomendaciones, Miguel Ángel Cancino, titular de la PAOT, abundó en ejemplos de la manera en que en esta Ciudad de México se están dañando sitios de enorme valor ambiental como lo son las barrancas del sur y sur poniente de la cuenca. Pero –sobre todo- denunció que en distintas demarcaciones de la capital algunos desarrolladores inmobiliarios coludidos con malos servidores públicos, están abonando a la eventual pérdida de la calidad de vida en decenas de colonias y de miles de sus habitantes. 

Nada menos, el día de ayer en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se anunció la apertura de un amplio proceso de consulta y de análisis para sustituir a la Norma 26, un instrumento legal que permitía a los desarrolladores construir vivienda de interés social acatando menos requisitos o condiciones más laxas y que, desafortunadamente, sólo sirvió para que empresas inmobiliarias corruptas disfrazaran proyectos de lujo como de “vivienda popular” y obtuvieran jugosas ganancias al amparo de esa normatividad. 

Numerosas colonias y pueblos originarios de la Ciudad de México están perdiendo sus centros de barrio, los monumentos arquitectónicos y distintos elementos constitutivos de su cultura, al ser víctimas de este crecimiento inmobiliario desordenado y, peor aún, por el desinterés y la falta de aplicación de la legislación ambiental y urbana por parte de las autoridades responsables. La falta de aplicación de los criterios de ordenación territorial en ciudades como la nuestra –o de otras del país-, está derivando en problemas de movilidad y de contaminación ambiental; en insuficiencias y saturación de la infraestructura de servicios públicos; en la pérdida de espacios de encuentro ciudadano y, desde luego, de los servicios ambientales que hacen factible su habitabilidad. 

Festejo que en la Ciudad de México exista una autoridad como la PAOT que, aún con las limitantes que le impone la ley, representa vigorosamente el interés legítimo de la ciudadanía a gozar de un medio ambiente y un desarrollo urbano adecuado para su bienestar; o que, mediante sus recomendaciones y resoluciones, esté contribuyendo nuevamente a que estos temas sean vistos de manera transversal en toda decisión de gobierno.

Pero lo que me parece lamentable es que como actores económicos que todos somos, sigamos aún sin ponderar seria y objetivamente los costos y los beneficios de nuestras decisiones y acciones sobre el medio ambiente; que es, por cierto, una de las bases para lograr un desarrollo saludable y sustentable en cualquier nación del mundo.  

Informémonos, conozcamos y exijamos nuestros derechos ambientales, pero cumplamos también a cabalidad con nuestras obligaciones. ▄