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Hispanoamérica debe adoptar estrategia común en la defensa de su riqueza natural

  

 

 

* Segunda Cumbre Internacional de Procuradores y Fiscales Ambientales hace un diagnóstico de la situación de la región frente al contexto mundial

 

* Participan también procuradores ambientales de distintos estados de la república mexicana, académicos y estudiantes; alertan por reforma energética en México

 

  

Por Antena Radio / Edición vespertina / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, Francisco Calderón Córdova / IMER Horizonte 107.9 FM y 1220 AM / Ciudad de México /  25 de agosto de 2014.

 

 

Como lo anuncié en este mismo espacio, se realizó en la Ciudad de México la Segunda Cumbre Internacional de Procuradores y Fiscales Ambientales que reunió durante tres días -13, 14 y 15 de agosto pasados- a especialistas vinculados con temas de justicia ambiental. 

Creo que los resultados alcanzados en esta Cumbre (realizada en las instalaciones de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM) fueron muy positivos. Sobre todo, porque las experiencias compartidas entre los países de la región hispanoamericana y las reflexiones vertidas aquí, pueden aportar favorablemente a la consolidación y al fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la justicia ambiental en la región.

Además de contar con una nutrida presencia de jóvenes y de estudiantes, hombres y mujeres interesados en la protección jurídica y –desde luego- la exigibilidad de los derechos ambientales, atendieron a la convocatoria de la Segunda Cumbre Internacional de Procuradores y Fiscales Ambientales autoridades ambientales y académicos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. Destacaría también la participación de los procuradores ambientales de distintas entidades de la república mexicana, como Aguascalientes, Campeche, Guerrero, Jalisco y Michoacán (constituidos como una Red Nacional de Procuración de Justicia Ambiental); además de autoridades y jueces del Poder Judicial, investigadores de la UNAM y de otras universidades nacionales e internacionales.

Entre otros resultados de la Cumbre, hubo un diagnóstico sobre la situación actual del acceso a la justicia ambiental que determinó que, en los ámbitos nacionales, es necesario fortalecer tanto legislativa como institucionalmente el carácter y los instrumentos en la materia. En los países de la región, existen deficiencias en la defensa del interés legítimo y en su representación en los conflictos ambientales; en el caso de la responsabilidad por el daño ambiental, de las acciones de reparación y  compensación, existen lagunas jurídicas que están favoreciendo a la impunidad; y la actuación de los tribunales especializados –cuando los hay-, es aún muy débil. 

En México, y de frente a las inéditas condiciones que implicará la implementación de la reforma energética al incorporar nuevos actores y reglas para el aprovechamiento de los recursos naturales, es urgente que sean bien delimitados y acotados esquemas de fiscalización y cumplimiento de la normatividad ambiental.

En lo tocante a los acuerdos y tratados internacionales en materia ecológica, se señaló la necesidad de construir estrategias comunes para la región que impriman unidad y una dirección compartida al adherirnos como países a este tipo de instrumentos.  Se coincidió en la necesidad de trabajar por la conservación de la riqueza natural y de la biodiversidad en América Latina –de frente a la actual configuración de las fuerzas económicas, políticas y sociales-, lo que deberá ser una preocupación permanente y coordinada.

Por estas razones, los y las participantes en esta Segunda Cumbre Internacional tomaron la decisión de conformar una Red Hispanoamericana de Procuradores y Fiscales Ambientales. Por cierto, la coordinación general de esta Red quedó a cargo del procurador ambiental y territorial de la Ciudad de México, Miguel Ángel Cancino, quien además recibió en este mismo evento el doctorado Honoris Causa en Humanidades (por la Universidad Paulo Freire de Nicaragua) como reconocimiento a su labor en favor del fortalecimiento de la justicia ambiental.

Durante esta Segunda Cumbre Internacional de Procuradores y Fiscales Ambientales se suscribieron también una serie de convenios y acuerdos entre instituciones de educación superior –como la Facultad de Derecho de la UNAM-, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y otras, para promover el intercambio de experiencias y conocimientos entre las naciones de la región. 

Un andamiaje importante quedó montado a fin de fortalecer las capacidades de las instituciones y el acceso de nuestros pueblos a la justicia ambiental. Ojalá que la colaboración internacional y los trabajos en este sentido continúen, y que en poco tiempo comencemos a ver resultados palpables de iniciativas y convocatorias tan atractivas como lo fue esta Segunda Cumbre Internacional de Procuradores y Fiscales Ambientales. ▄

 

Diversidad Ambiental ©, es una publicación virtual de Paco Calderón