El megaproyecto
de "Cabo Dorado", en el Mar de Cortés, no se canceló;
sólo se pospuso
* La Semarnat
sólo está pidiendo reformular una parte del trámite inicial
para su posible autorización: la MIA; no cierra la
posibilidad de construir en la zona aledaña al Parque
Nacional de Cabo Pulmo
* Se requiere de
una nueva estrategia de desarrollo que fortalezca a las
comunidades locales, forme y potencie capacidades, y respete
al entorno
Por Antena Radio / Edición vespertina / Sección Medio
Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, Francisco Calderón
Córdova / IMER Horizonte 107.9 FM y 1220 AM
/
Ciudad de México / 2 de junio de 2014.
Hace
dos años –el 15 de junio de 2012-, antes de viajar a Los
Cabos, Baja California Sur, para atender la Cumbre del G-20,
el entonces Presidente de la República, Felipe Calderón
Hinojosa, anunció la suspensión de la autorización para
construir un mega-desarrollo turístico llamado “Cabo Cortés”
en aquella entidad. Básicamente –eso se dijo entonces-,
debido a que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del
proyecto no garantizaba la efectiva protección y la
conservación de los singulares ecosistemas marinos,
coralinos y de las especies vivas del Parque Nacional Cabo
Pulmo.
En este mismo espacio radiofónico –el 18 de junio del 2012-,
advertía yo a nuestros radioescuchas que no se trataba de
una cancelación definitiva (como muchos medios y algunos
grupos lo asumieron, incluso lanzando al vuelo las campanas)
y que, dados los procedimientos de política ambiental y de
los tecnicismos implicados, muy seguramente quienes estaban
detrás de este “fallido” proyecto lo volverían a presentar y
a insistir en su autorización. Y así ha sucedido. De “Cabo
Cortés” el proyectó cambió su nombre a “Cabo Dorado”, y de
Hansa Baja Investments los promotores cambiaron su razón
social a la de La Rivera Desarrollos BCS
(que reúne a Glorious Earth Group, de capital
norteamericano, y a Beijing Sansong International Trade
Group, de capital chino, la que, por cierto, ha sido
inhabilitada desde el 2009 por el Banco Mundial por
prácticas corruptas).
Algunas cosas igual y otras maquilladas, pero el hecho es
que “Cabo Dorado” es en el fondo el mismo mega-proyecto de
gran turismo que frenó Felipe Calderón –“Cabo Cortés”- y que
presupone la misma amenaza para los excepcionales y
delicados ecosistemas del Golfo de Baja California.
El viernes pasado, Greenpeace México declaró que la
empresa que hoy promueve “Cabo Dorado” –La Rivera
Desarrollos BCS- asegura que su proyecto no contempla ya la
construcción de una marina para cerca de 500 embarcaciones
(un componente que en la versión original de “Cabo Cortés”
causó el mayor rechazo de las organizaciones ciudadanas y
ambientalistas); pero denuncia Greenpeace que esta
empresa está esperando beneficiarse de un recurso de amparo
que interpuso utilizando su razón social anterior, a fin de
hacer efectiva la autorización que obtuvo para construir esa
marina durante el gobierno calderonista.
El jueves pasado -29 de junio-, la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) finalmente rechazó
la MIA presentada por la empresa promotora de “Cabo Dorado”.
Ojo: en los hechos, el proyecto no está cancelado; sólo se
está pidiendo volver a formular una parte del trámite
inicial para su posible autorización: la MIA. En un
desplegado publicado ese mismo día, los promotores de “Cabo
Dorado” reiteran, por si hubiera alguna duda, que no
desistirán en su insistencia de llevar a cabo el proyecto.
Conocen bien las deficiencias de la legislación ambiental y,
desde luego, la laxitud de su aplicación en el país.
Y es justamente esto, la aplicación discrecional y el
incumplimiento sistemático de la legislación en materia
ambiental, lo que en México está mermando a la base natural
de nuestra riqueza nacional. Presiones de grupos económicos
(como en el Parque Nacional de Cabo Pulmo) o de grupos
políticos (como en la Reserva de la Biosfera de Montes
Azules), invariablemente llevan a flexibilizar o de plano a
omitir la aplicación estricta de la ley en detrimento del
interés colectivo.
El proyecto de “Cabo Dorado” no ha sido cancelado, como
algunos ya lo piensan; sólo se ha replegado momentáneamente
y con seguridad regresará con mayor fuerza –con la fuerza
que le da la ambición de sus promotores para apoderarse de
aquella rica región del país.
Creo que es tiempo no sólo de dar un giro a la política de
promoción de desarrollos turísticos construidos con
inversiones foráneas que no valoran –sino explotan y
depredan- la base natural de nuestra riqueza nacional, para
adoptar un nuevo modelo que fortalezca las capacidades y
respete la cultura y el entorno de las comunidades
regionales.
También, es tiempo de hacer verdaderamente transversales a
las políticas públicas ambientales en México y, sobre todo,
de fortalecer a las instituciones en el ejercicio de estas
competencias y de hacer efectivo el acceso a la justicia
ambiental. ▄
