Declaración de Río -de 1992-, ha sido guía para el diseño de políticas ambientales en el mundo

 

En México, el acceso a la información ambiental es un derecho constitucional

Acceso desigual a información ambiental y debilidad de mecanismos judiciales y administrativos para protección de derechos, limitantes en el país

 

Antena Radio / Edición vespertina / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, con el Lic. Francisco Calderón Córdova / 107.9 de FM y 1220 de AM, 11 de marzo de 2013.

 

 

Gran parte de los acuerdos mundiales que nos señalan la ruta para alcanzar el desarrollo sustentable, derivaron de la histórica Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. De esta reunión de la Organización de las Naciones Unidas surgió un conjunto de 27 principios que, a la fecha, son una guía para muchos gobiernos en el diseño e instrumentación de sus políticas públicas de corte ambiental. Particularmente, el Principio 10 de la Declaración de Río –que ya en otras ocasiones aquí he mencionado- me parece fundamental para alcanzar, en el marco de los regímenes democráticos, un desarrollo que equilibre las variables económicas, sociales y ambientales.

Este principio destaca la necesidad de que todas las personas participemos en la construcción del desarrollo y, para que esto sea posible y tenga resultados socialmente tangibles, que las autoridades públicas garanticen el acceso adecuado de la población a la información sobre el medio ambiente. En este sentido, durante los últimos 20 años hemos presenciado distintas experiencias en materia de información pública ambiental alrededor del mundo.

 

 

Yo señalaría a naciones como los Estados Unidos de Norteamérica, donde las autoridades gubernamentales prácticamente se han desentendido de este compromiso y no socializan adecuadamente la abundante información que da cuenta de los severos impactos ambientales que están resultando del desmedido consumo energético y de todo tipo de recursos naturales. 

Los países integrantes de la Unión Europea –por su parte, y con un alto sentido de responsabilidad ambiental- han sido capaces de sensibilizar a sus poblaciones al grado de inducir cambios en los hábitos de consumo energético, en el uso de tecnologías amables con el entorno y, en general, en la construcción de una ciudadanía comprometida con la protección del medio ambiente.

En la región asiática –donde se asienta la mitad de la población mundial- apenas se comienza a tomar conciencia de la urgencia de atender los desequilibrios ambientales. Esto, en gran medida, como consecuencia de la devastación que hoy padece su riqueza natural por el acelerado crecimiento económico de la última década.

En América Latina, región que hospeda al 40 por ciento de la diversidad biológica del planeta, los contrastes son elocuentes en materia de información ambiental. Costa Rica, por ejemplo, es un modelo emblemático de la incorporación de la participación ciudadana, de la perspectiva de género y de los criterios de sustentabilidad en prácticamente todas las tareas de gobierno. El buen estado de conservación de su riqueza natural habla por sí mismo.

En contraste, la posibilidad de acceder a información ambiental objetiva es, hoy por hoy, un tema cuestionable en países como Venezuela y Bolivia. Ahí, regímenes autoproclamados de izquierda y que –por lo mismo- debieran ceñirse a enfoques apegados al rigor científico, parecen estar abordando los temas ambientales con excesiva superficialidad. Es preocupante escuchar en voz de sus principales líderes políticos, aseveraciones tan absurdas como que el cáncer puede ser “contagiado” intencional y fácilmente, o que la calvicie y la orientación homosexual de las personas pueden ser determinadas por el consumo de pollos cargados de hormonas.

En México, el acceso a la información ambiental es un derecho que está garantizado por la ley. Aquí, existen instituciones públicas y privadas que ponen a disposición de la población sistemas de información ambiental, en el ánimo de mejorar sustancialmente la participación social con criterios de sustentabilidad.  Sin embargo, compartimos con otras naciones latinoamericanas algunas limitaciones sobre las que tenemos que trabajar seriamente: 1.- un acceso desigual a la información ambiental disponible, y; 2.- la debilidad de los mecanismos judiciales y administrativos para la protección de estos derechos.

Creo que, en la medida en la que demandemos y hagamos uso de la información ambiental, podremos exigir el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la exigibilidad y la defensa de nuestros derechos ambientales.  Esto, finalmente, se traducirá en la posibilidad de que gocemos plenamente de un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar, tal y como lo establece nuestra Carta Magna. ▄