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CDHDF emite recomendación 01/2013 sustentando conclusiones en diagnóstico de la PAOT 

 

Ambas instituciones exigen detener la descarga de aguas residuales -provenientes del Reclusorio Preventivo Varonil Sur- en el cauce del Río Santiago, en Xochimilco

Diseño institucional de la PAOT, el que más se acerca a los llamados Ombudsman o defensores de los derechos humanos

 

Antena Radio / Edición vespertina / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, con el Lic. Francisco Calderón Córdova / 107.9 de FM y 1220 de AM, 18 de febrero de 2013.

 

A muchas personas podría resultarles extraño –por decir lo menos- el hecho de que una Comisión de los Derechos Humanos se ocupe de atender problemas relacionados con la ecología. Generalmente, se vincula la actuación de este tipo de instancias defensoras de los derechos humanos con la atención de los excesos cometidos por una autoridad pública y que afectan a la ciudadanía. Sin embargo, desde los años 60, los derechos económicos, sociales y culturales, y –más recientemente, con el Protocolo de San Salvador, de 1998- el derecho a un medio ambiente sano, son todos considerados derechos humanos que posibilitan a la persona y a su familia a gozar de un nivel de vida adecuado. 

En el año 1999, el derecho de toda persona “a gozar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar” se incluyó en el artículo 4° de la Constitución Mexicana; y, más recientemente –en febrero del 2012-, el acceso, disposición y saneamiento del agua forma parte de los derechos humanos que deben ser garantizados por el Estado Mexicano.  Es en este contexto en el que, desde inicios de la década pasada, la defensa de los derechos ambientales ha ido tomando particular relevancia en México; sobre todo, en el Distrito Federal y en algunas entidades de la república, donde han surgido “procuradurías ambientales” ante las cuales la ciudadanía puede denunciar las violaciones que vulneran el goce de este derecho constitucional. A la fecha, suman 15 los organismos de este tipo en nuestro país.

En mi opinión –y en la de otros estudiosos del tema-, es la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) la que se acerca más al diseño institucional de los llamados Ombudsman o defensores de los derechos humanos. Su nivel de especialización técnica en la materia ambiental y en la de desarrollo urbano, así como un grado suficiente de autonomía con relación al tramado institucional del Gobierno del Distrito Federal (algo que, por cierto, no sucede con ninguna otra procuraduría ambiental estatal), ha permitido a la PAOT un desempeño –en muchos casos- exitoso en la defensa del derecho de los capitalinos a gozar de un medio ambiente adecuado. 

Tal ha sido la contundencia de muchas de las resoluciones de la PAOT que, apenas la semana pasada, la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal retomó una de ellas. En su Recomendación 01/2013, la CDHDF hace suyas las conclusiones de un diagnóstico urbano ambiental realizado por la PAOT donde determinó el grado de perturbación que presenta el cauce del Río Santiago en el tramo comprendido entre el Reclusorio Sur y el Vaso Regulador de San Lucas, allá en Xochimilco. 

En dicha Resolución, la PAOT solicitó a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno del DF, a la Delegación Xochimilco y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, realizar las acciones necesarias para que las aguas residuales provenientes del Reclusorio Preventivo Varonil Sur no sean vertidas al Río Santiago y que, en tanto no se cuente con la infraestructura apropiada para impedirlo, se les dé tratamiento adecuado para eliminar sus cargas contaminantes. 

Por su parte y por el mismo caso del Río Santiago, la CDHDF ha recomendado a las secretarías de Gobierno y del Medio Ambiente del Distrito Federal, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a la Delegación Xochimilco, llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el adecuado acceso, disposición y saneamiento del agua del lugar. 

Me parece muy positivo que, independientemente de la naturaleza y las atribuciones específicas de cada una de estas instituciones, el tema de la protección de los derechos ambientales esté siendo –cada vez con mayor relevancia- considerado como fundamental para la construcción de un régimen democrático en México y, desde luego, donde el respeto a los derechos humanos juegan un papel determinante.

Ahora, toca el turno de sumarse a las autoridades recomendadas por causa de la contaminación del agua del Río Santiago, para demostrar su interés y llevar a cabo acciones para hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar de las personas. 

 

Diversidad Ambiental ©, es una publicación virtual de Paco Calderón