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Construcción de Dragon Mart, en Quintana Roo, con muchas dudas sobre su viabilidad ambiental    

 

Tres mil quinientos ciudadanos chinos y sus familias, ocuparán una superficie de más de 500 hectáreas en la zona de Puerto Morelos

No hay previsiones para la protección de la segunda barrera arrecifal más grande del mundo, parte del “Gran Cinturón de Arrecifes del Atlántico Occidental”

 

Antena Radio / Edición vespertina / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, con el Lic. Francisco Calderón Córdova / 107.9 de FM y 1220 de AM, 19 de noviembre de 2012.

 

Seguramente, la mayor parte de nuestro auditorio no ha escuchado hablar sobre la eventual construcción de una ciudad china amurallada a tan sólo 40 kilómetros de Cancún, en la localidad de Puerto Morelos. Bueno, en este sitio que ya se construye en el estado de Quintana Roo, denominado Dragon Mart, habitarán inicialmente alrededor de 3 mil quinientos ciudadanos chinos y sus familias, ocupando una superficie de más de 500 hectáreas.  

En este complejo de vocación industrial y no turística, autorizado por el gobierno de Felipe Calderón en el año 2011, empresas chinas comercializarán insumos de autopartes, materiales para la construcción, equipo agroindustrial, médico y de ferretería, entre muchos otros. Con una inversión inicial de alrededor de 200 millones de dólares, el proyecto contempla la construcción de 127 mil metros cuadrados de áreas de exhibición, 3 mil 400 locales, 20 mil metros cuadrados de almacenes, y más de 102 mil metros cuadrados para levantar la zona residencial en la que habitarán los 3,500 ciudadanos chinos. Se contempla que este complejo industrial y comercial (de mayor escala a sus similares en Dubai y en Ámsterdam) abrirá sus puertas en el mes de abril del 2014.  

Al investigar sobre el proceso que este proyecto ha seguido en México, es verdaderamente lamentable constatar la falta de pulcritud y de transparencia con la que ha sorteado las exigencias de la legislación ambiental mexicana. Según lo ha documentado el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se ha lavado las manos ante las denuncias ciudadanas que dan cuenta de la deforestación de ya más de 120 hectáreas de la selva nativa, aseverando que esto “no es un tema de competencia federal sino local”.  

Por su parte, organizaciones civiles de Puerto Morelos y el mismo CEMDA han denunciado que el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo –cuya función es precisamente evaluar y resolver la viabilidad de los proyectos en materia de impacto ambiental-, ha negado sistemáticamente dar cualquier información relacionada con la construcción de Dragon Mart a la ciudadanía. Esto, como es evidente, atenta flagrantemente en contra del derecho de los quintanarroenses a participar en las consultas públicas que deben ser efectuadas para la realización de este tipo de desarrollos, como lo establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). 

El gobierno estatal, encabezado por Roberto Borge Angulo, sólo se ha limitado a decir que “las hectáreas deforestadas ya estaban impactadas por las actividades previas de extracción de piedra”, y nada ha dicho –como tampoco lo ha hecho el gobierno federal- sobre qué se hará para evitar los eventuales impactos que, evidentemente, causará la operación de Dragon Mart sobre los ecosistemas del lugar, como lo es destacadamente el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos. No sólo eso. Con el fin de favorecer las operaciones de importación de mercancías chinas de Dragon Mart, el gobernador de Quintana Roo ha llamado al gobierno federal para que “destrabe las limitantes ambientales que frenan los trabajos para la construcción de un puerto de altura en Puerto Morelos” (es decir, que se permita el dragado profundo de la delicadísima superficie marina del sitio).   

Si esto sucede así, nada evitará que la segunda barrera arrecifal más grande del mundo –una parte del “Gran Cinturón de Arrecifes del Atlántico Occidental”- no sólo sea contaminada por descargas y derrames al mar, sino que sea permanentemente dañada por las embarcaciones que, se estima, transportarán más de 52 mil contenedores de mercancías chinas al año. Todo esto, hay que decirlo, a cambio de tan sólo 2 mil 500 empleos temporales para los empleados mexicanos de la construcción durante un año y medio. 

Por la manera en que se está llevando a cabo este proyecto, yo no creo que pueda haber otro resultado más que la destrucción del capital natural de México, la merma en nuestra capacidad para aprovechar sustentablemente nuestros ecosistemas y el eventual desmantelamiento de los atractivos naturales y turísticos de la Península de Yucatán (por no mencionar los impactos que tendrá en la economía del país el cobijar el agresivo modelo de expansión empresarial chino, con quienes –por cierto- México no tiene un tratado de libre comercio que garantice la equidad y correspondencia en el intercambio comercial entre ambos países).

 

Diversidad Ambiental ©, es una publicación virtual de Paco Calderón