Después de Zedillo hay pocos avances en políticas ambientales; agenda de Peña Nieto aún dispersa  

Sería positivo reincorporar regulación de actividades pesqueras al sector ambiental; el uso de los recursos marinos está dominado por criterios de explotación económica

Necesario promover la creación de procuradurías ambientales estatales, para garantizar el mejor y mayor cumplimiento del marco legal en la materia

Antena Radio / Edición vespertina / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, con el Lic. Francisco Calderón Córdova / 107.9 de FM y 1220 de AM, 2 de julio de 2012.

El día de ayer los mexicanos vivimos una jornada electoral intensa y, según lo indican las tendencias de la votación y el mismo Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, será quien encabece el Ejecutivo Federal durante el período 2012 – 2018. Por lo mismo, me parece importante recuperar los planteamientos que, en materia de preservación del medio ambiente y protección ecológica, hace el virtual triunfador de la contienda. 

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias, que es una asociación civil sin fines de lucro cuya misión es generar investigación e ideas para enriquecer la discusión sobre temas de actualidad, se dio a la tarea de recopilar las principales propuestas de los cuatro candidatos presidenciales en torno a distintos temas: estado de derecho y seguridad; política; macroeconomía; microeconomía; desarrollo social; política exterior e internacionalismo, y; medio ambiente y tecnología. En términos generales, debo decir que los planteamientos formulados por Peña Nieto en materia ambiental dan continuidad a las políticas consolidadas jurídica e institucionalmente durante el régimen de Ernesto Zedillo y continuadas –con distinta intensidad y compromiso- por Vicente Fox y por Felipe Calderón.

Peña Nieto ha planteado el fortalecimiento de la legislación en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, y la homologación de las legislaciones federal y estatales de protección al medio ambiente. Pero, también, la promoción de reformas legales que faciliten la inversión privada en los sectores económicos ambientales. Peña Nieto propone la actualización de las estructuras y funciones de las instituciones del sector ambiental, así como la descentralización de las mismas. En lo personal, creo que sería muy positivo reincorporar la regulación de las actividades pesqueras al sector ambiental, pues el uso de los recursos marinos debiera hoy estar dominado por criterios de aprovechamiento sustentable y no, como sucede en el presente, de explotación económica.

Aunque el resumen de las propuestas recopiladas por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias no abunda en los “cómos”, en la dispersa plataforma ambiental de Peña Nieto es reiterativa la necesidad de transitar hacia una economía baja en carbono, con eficiencia energética; se señala la intención de impulsar el desarrollo de energías renovables; de replantear el manejo hídrico del país; de frenar la pérdida de la biodiversidad y de mejorar el manejo de los residuos sólidos. En fin, creo que es importante que la ciudadanía busque conocer los criterios que habrán de conducir la política ambiental del país en los años por venir. Sólo en esta medida podremos participar de manera responsable, desde distintas trincheras, en la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales que, finalmente, determinan nuestra calidad de vida. 

Personalmente, me parece que la política ambiental del país cuenta con instrumentos consistentes para avanzar en los esfuerzos de conservación y protección de los ecosistemas. Sin embargo, también creo que las políticas ambientales en México han carecido –y probablemente carecen en la propuesta ganadora- de la robustez que les daría, por ejemplo, instrumentar acciones de divulgación y educación ambiental, o la promoción del acceso efectivo a la justicia ambiental. Es necesario establecer, fortalecer e institucionalizar el diálogo entre las universidades y centros de investigación, con los gobiernos federal, estatales y municipales. También, se requiere promover la creación de procuradurías ambientales estatales, como la del DF (PAOT) y las de otras 12 entidades del país, para garantizar el mejor y mayor cumplimiento del marco legal en la materia. 

Yo hago votos porque la política ambiental nacional ocupe el papel protagónico que ya tiene en otras latitudes, y para que salgamos de este retraso en la justa valoración de nuestro capital natural que, finalmente, sólo ha resultado en el empobrecimiento crónico del país. ▄