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Cancelación de Cabo Cortés no es definitiva, condicionan eventual autorización a nueva MIA  

 

 

Gobierno de Felipe Calderón deja abierta la posibilidad de ejecutar megaproyecto turístico, si un "comité asesor científico" así lo aprueba

 

 El que es quizás el arrecife de coral vivo más importante de Norteamérica se encuentra en Cabo Pulmo, a poca distancia del proyecto de desarrollo

 

 

Antena Radio / Edición vespertina / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, con el Lic. Francisco Calderón Córdova / 107.9 de FM y 1220 de AM, 18 de junio de 2012.

 

 

Este viernes -15 de junio-, a pocas horas de viajar a Los Cabos, Baja California Sur, para asistir a la Cumbre del G-20, el Ejecutivo Federal anunció la cancelación de la autorización para construir el mega-desarrollo turístico “Cabo Cortés”, proyecto ubicado en la zona aledaña al área natural protegida de Cabo Pulmo, en el Mar de Cortés. Este hecho ha sido recibido con enorme beneplácito –pero, ciertamente, con mucha cautela- por parte de las numerosas organizaciones ambientalistas, de pobladores del lugar y de defensores de la naturaleza que, en general, se oponían a este proyecto promovido fervientemente por el gobierno calderonista.

 Con la autorización otorgada ya por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a su manifestación de impacto ambiental, la empresa Hansa Baja Investment –de capital español mayoritario- construiría en una superficie de 3 mil 800 hectáreas algo así como 15 grandes hoteles, con un total de 30 mil habitaciones; hasta cinco campos de golf, una marina para 490 yates, una pista para jets privados, además de infraestructura adicional para servicios de soporte. El desarrollo turístico de “Cabo Cortés” (calificado en repetidas ocasiones por los inversionistas y por las autoridades ambientales federales como “sustentable”), se situaría justamente a un lado de la zona de Cabo Pulmo, declarada como área natural protegida por el gobierno del estado en el año 1995 y, más tarde –en el 2000-, por la federación.

Gracias a ambos decretos y a la protección jurídica de Cabo Pulmo, fue posible frenar y revertir el declive en la población de diversas especies marinas consideradas en “peligro de extinción”, declive causado fundamentalmente por la sobreexplotación pesquera que durante la primera mitad de la década de los noventa predominaba en esa región del Golfo de California. También, en el año 2005, la UNESCO designó como “patrimonio de la humanidad” al extenso sistema insular y arrecifal del Mar de Cortés y, en 2008, Cabo Pulmo se sumó a los sitios reconocidos por la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (o Convención Ramsar). Es tal la diversidad biológica y la importancia de este lugar, que el afamado oceanógrafo Jacques Cousteau bautizó a la reserva de Cabo Pulmo como “el acuario del mundo”.[1]  Y es que el que es quizás el arrecife de coral vivo más importante de Norteamérica se encuentra ahí.  

La cancelación del proyecto de Cabo Cortés decretada por Felipe Calderón recordó a muchos de quienes hemos trabajado los temas ambientales durante ya algún tiempo, aquella histórica decisión del presidente Ernesto Zedillo,  en marzo del año 2000, cuando negó la autorización de la expansión de la empresa Exportadora de Sal, en el santuario ballenero de la Laguna de San Ignacio, en la Reserva del Vizcaíno. Sin embargo, hoy –a diferencia de hace 12 años- el Ejecutivo Federal ha dejado abierta la puerta para que los planes de inversión de la empresa Hansa Baja Investment puedan llevarse a cabo; resulta que se ha condicionado la eventual autorización del megaproyecto turístico a la presentación de una nueva manifestación de impacto ambiental y a su posible aval por parte de un llamado “consejo asesor científico”. 

Sin lugar a dudas, éste y otros proyectos de construcción de polos de desarrollo (turísticos o no) deberán contemplar, cada vez más, una mayor y más clara participación de todos los sectores involucrados y afectados por su ejecución. Para que los intereses económicos particulares no sean los que determinen la factibilidad ambiental de un proyecto, es necesario que se involucre en su autorización a la población, a las autoridades municipales y estatales, a grupos de especialistas, a académicos y a empresas. Pero sobre todo, es necesario que aprendamos a hablar de “sustentabilidad” no sólo a partir de los estudios de factibilidad financiera o de la viabilidad jurídica para construir, por ejemplo, campos de golf o clubes de yates.  

Hoy más que nunca, tenemos que identificar también la complejidad de las variables poblacionales, biológicas y ambientales, entre muchas otras, para garantizar la conservación de nuestro capital natural y, sobre todo, para incluir a todos los sectores sociales del país en la actividad turística y –en última instancia- en la compleja ecuación del desarrollo. 

 

Diversidad Ambiental ©, es una publicación virtual de Paco Calderón