Jueces otorgan amparo para evitar aplicación de norma oficial ambiental e importar autos "chatarra"  

Del año 2005 a la fecha han ingresado al país cerca de seis millones de autos “chatarra”, y se sabe que tan sólo el año pasado lo hicieron 470 mil unidades

En Durban están reunidos representantes de 195 países, 12 jefes de Estado y alrededor de 130 ministros de distintas naciones, tratando de alcanzar acuerdos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero

Antena Radio / Edición vespertina / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, con el Lic. Francisco Calderón Córdova / 107.9 de FM y 1220 de AM, 5 de diciembre de 2011.

Es un hecho irrefutable que, a la mayoría de las más de 7 mil millones de personas que habitan el planeta, el tema del calentamiento global y el cambio climático si bien no les es indiferente, sí le perciben como un fenómeno en el que tienen poca o ninguna responsabilidad directa. En esta época de fiestas navideñas esto es sumamente elocuente, cuando presenciamos verdaderas hordas de frenéticos consumidores apoderándose de los centros comerciales y comprando productos innecesarios, o al constatar el derroche energético que caracteriza a esta temporada.

Y no solamente como consumidores muchos seguimos sin asumir nuestra grave responsabilidad ante el deterioro del medio ambiente y la diversidad biológica del planeta; también, hay personas en quienes la sociedad ha depositado importantes encargos y que, a pesar de ello, no consideran el impacto de sus decisiones públicas sobre el entorno natural del país, en la salud de sus habitantes y en la del planeta en su conjunto. Un ejemplo de esto es la decisión tomada recientemente por algunos jueces mexicanos, quienes haciendo eco a las presiones e intereses económicos de importadores de autos usados en la frontera norte, han otorgado un amparo que suspende la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 041. Esta norma obliga a quienes introducen autos usados a revisar y verificar el grado de sus emisiones contaminantes, lo que ahora –por decisión de un juez- ya no es un requisito y, desde luego, opera en detrimento del medio ambiente en México.

Se calcula que, del año 2005 a la fecha, han ingresado al país cerca de seis millones de autos “chatarra”, y se sabe que tan sólo el año pasado lo hicieron 470 mil unidades. Cálculos preliminares indican que, gracias al amparo que exime del cumplimiento de la NOM-041 a los importadores de autos usados, este año ingresarán al país alrededor de 600 mil vehículos que no cumplen con los estándares ambientales o carecen de dispositivos anticontaminantes. 

En este contexto de sociedades con niveles de consumo exacerbado, de Estados nacionales que, por un lado, presumen de programas y acciones para combatir el cambio climático pero, por el otro, utilizan recursos jurídicos para dejar de cumplir con la normatividad ambiental, hace una semana –el 28 de noviembre- inició (en la ciudad de Durban, Sudáfrica) la 17° Conferencia de las Partes (COP 17) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la Séptima Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto. Desafortunadamente, a Sudáfrica se llega con resultados pobres con relación a los acuerdos logrados hace un año en Cancún y, peor aún, si hacemos un balance de los objetivos que planteó para el año 2012 el Protocolo de Kioto. Hoy, lejos de reducir en un 5.2% la emisión de gases de efecto invernadero que se tenían en el año 1990, éstas han aumentado en más del 40% y, a partir del año 2000, crecen tres veces más rápido de lo que lo hacían en los años noventa. 

Hoy, mientras en Durban están reunidos representantes de 195 países, 12 jefes de Estado y alrededor de 130 ministros de distintas naciones, tratando de alcanzar acuerdos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y concretar fuentes de financiamiento para realizar acciones urgentes, el cambio climático avanza y resulta evidente hasta para los más escépticos. 

México es un ejemplo emblemático de lo que está sucediendo en distintas latitudes del planeta. En Ciudad del Carmen, Campeche, y en playa Paraíso, Tabasco, el mar ha avanzado en promedio dos metros tierra adentro por la elevación del mar (Universidad de Campeche, UNAM, Semarnat e INE); en estados como Sonora, Baja California y el sur de Sinaloa, la temperatura se ha incrementado en dos o tres grados centígrados en los últimos diez años, con sus respectivas consecuencias en la actividad agrícola y en la salud de la población. La peor sequía en más de 60 años afecta sensiblemente al norte y occidente del país, haciendo a los bosques más vulnerables a las plagas. Autoridades forestales del país registran ya daños en Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Baja California. En el Valle de México, hemos padecido una sequía de casi seis meses y presenciamos una reducción de más del 40 por ciento en el volumen total de las lluvias. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ubicó en el 2010 a México como el tercer país más afectado por fenómenos meteorológicos atípicos (como huracanes e inundaciones), y calculó pérdidas económicas del orden de los 5 mil 300 millones de dólares por estas causas. Para este año, el 2011, deberemos sumar los estragos de la sequía.

Ojalá que la crudeza de la realidad nos lleve a los mexicanos no sólo a plantear agudos discursos en cumbres como la que hoy se lleva a cabo en Sudáfrica; sino –sobre todo- a que asumamos la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros (consumidores, servidores públicos, jueces o empresarios) en el combate al cambio climático y la degradación ambiental. ▄