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Riesgoso para la población que desarrolladores inmobiliarios incumplan con normatividad ambiental 

 

 

Edificios del Centro Médico Nacional y la Unidad "Benito Juárez", colapsados en los sismos del 11 de septiembre de 1985, incumplían normatividad para construcciones

 

La PAOT ha dado cuenta de la persistencia de fenómenos de corrupción que, como en los sismos de 1985, pudieran revertirse en contra de la población del DF

 

 

Antena Radio / Edición vespertina / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, con el Lic. Francisco Calderón Córdova / 107.9 de FM, 1220 de AM y Radio México Internacional, 19 de septiembre de 2011.

 

 

 

 

Han pasado ya 26 años desde aquellos terremotos que devastaron gran parte de la Ciudad de México y, si bien hemos avanzado algo en la cultura de la prevención de desastres (como lo demuestran los numerosos simulacros realizados esta mañana en el Distrito Federal), por otra parte, sabemos que día a día se acumulan enormes riesgos que no sólo son atribuibles a la desmemoria y al descuido, sino –sobre todo- a ese cáncer que nos lacera y que se llama “corrupción”.

Para quienes vivimos de cerca aquel fatídico 19 de septiembre de 1985, en verdad fue impactante presenciar de cerca la desgracia y acompañar el dolor de tanta gente. Y, desde luego, qué decir de la estremecedora sensación de palpar a la tierra sacudiéndose a nuestros pies. Pero también, una vez serenados, nos indignó saber que el colapso de los edificios en Tlatelolco, del Centro Médico Nacional y de la unidad habitacional “Benito Juárez”, tuvo como causa –además de los violentos sismos- la laxitud y la inobservancia de la ley en materia de especificaciones técnicas y de materiales para la construcción de estos edificios públicos. Un espléndido testimonio de esto fue el libro Museo Nacional de Horrores, escrito por el lexicólogo, caricaturista y periodista, don Raúl Prieto (+), “Nikito Nipongo”, y editado por Océano.

 

 

Creo que la gran lección de ésta y de otras experiencias parecidas, es que los fenómenos naturales sólo se transforman en “desastres naturales” cuando el medio ambiente que construimos los seres humanos para vivir (sea una casa, un pueblo o grandes ciudades) es inadecuado y no respeta los elementos originarios del entorno. Desafortunadamente, los riesgos para la población por causa de fenómenos naturales se han venido incrementando en las últimas décadas no sólo en la Ciudad de México, sino en el país entero. Cotidianamente, vemos nacer y crecer asentamientos humanos en lechos o laderas de ríos que terminan inundados (como sucedió recientemente en Cuautitlán); en México e incluso en otras partes del mundo, decenas de personas construyen sus casas en las faldas de cerros o barrancas deforestadas y, desafortunadamente, muchas pierden la vida enterradas por aludes de tierra causados por las lluvias o por sismos.

En nuestro país y en ciudades como el Distrito Federal, los criterios de desarrollo urbano y los del cuidado ecológico han avanzado de manera separada y poco o nada complementaria. Esto resulta muy claro cuando analizamos la normatividad jurídica ambiental y la que regula el uso del territorio. No en pocas ocasiones, ambas legislaciones resultan no sólo contradictorias sino incluso se encuentran enfrentadas, lo que deja en un estado de enorme vulnerabilidad a la población ante fenómenos naturales como las lluvias, los sismos o la sequía –por mencionar sólo algunos.

Afortunadamente, en los últimos diez o quince años se ha buscado armonizar y complementar la visión del crecimiento urbano con la preservación y protección del entorno natural. En el Distrito Federal, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial –que el mes entrante cumplirá apenas diez años de existencia- ha sido un factor determinante para que la autoridad local y las delegacionales observen el cuidado del medio ambiente en las muchas y complejas actividades que se desarrollan cotidianamente en la ciudad. Esta institución –la PAOT- ha dado cuenta también de la persistencia de fenómenos de corrupción que, como en los sismos de 1985, pudieran revertirse en contra de la población del Distrito Federal. Desarrolladores inmobiliarios y servidores públicos corruptos han sido señalados por el ombudsman ambiental de la ciudad por ejercer prácticas tan riesgosas como el otorgamiento de permisos de construcción irregulares, cambios de uso de suelo o por la inobservancia de los planes de desarrollo urbano delegacionales.

Es importante que no perdamos la memoria y que no sólo en la Ciudad de México, sino en el país entero, nunca olvidemos la dolorosa lección que nos dejaron los terremotos del 19 de septiembre de 1985. Mucho hemos avanzado en la modificación y aprobación de un marco  jurídico más adecuado y moderno en materia de construcciones, de aprovechamiento del espacio urbano y ordenamiento del territorio, así como para la protección del medio ambiente.

Sin embargo, de nada nos servirá toda esta normatividad si no la respetamos y, por el contrario, hacemos todo lo posible por no cumplirle y corromper su aplicación. Es importante que hagamos de la denuncia una cultura de respeto a la vida. Invito a nuestro auditorio a que se acerque a la PAOT en la página Web www.paot.mx  

 

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