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Incorporar criterios de sustentabilidad ambiental a la minería en México puede hacerle más rentable

 

 

Junto con la industria química y petrolera, la minería es responsable de la mayor generación de residuos peligrosos en el país.  Nuevo período de auge implica riesgos ambientales.

 

Proyectos mineros en Guerrero, San Luís Potosí y Baja California Sur, enfrentan oposición de las comunidades donde se desarrollan; no existe legislación adecuada ni políticas regulatorias que ordenen y den sustentabilidad a la actividad

 

 

Antena Radio / Edición vespertina / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, con el Lic. Francisco Calderón Córdova / 107.9 de FM, 1220 de AM y Radio México Internacional, 22 de agosto de 2011.

 

 

"El entrar mina" / aceite / Diego Rivera

 

La minería es una de las actividades productivas más antiguas y representativas de nuestro país. Se ha realizado ininterrumpidamente a lo largo de casi 500 años. Como todos lo sabemos, ésta fue la principal industria durante la época de la Colonia y en gran medida determinante para el México Independiente, como también lo fue y lo sigue siendo en la época moderna y la contemporánea.

 Hoy, la minería equivale –aproximadamente- al 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto; y significa el cuatro por ciento del total de las exportaciones del país. De igual manera, esta actividad genera alrededor de 270 mil empleos directos, con operaciones mineras en 22 de las 32 entidades federativas. México es uno de los doce principales productores de 17 metales de importancia estratégica; y es el tercer productor de plata en el mundo y el segundo de oro en América Latina. Según lo ha estimado la Cámara Minera de México (Camimex), el comportamiento actual de los precios internacionales del oro y de la plata impulsa de manera importante la explotación de estos metales preciosos en el país, ya que pueden implicar significativos márgenes de utilidad para las empresas mineras.

 La Camimex asegura que, de lograr aumentar el nivel de producción de oro del año pasado (que fue del orden de las 800 mil onzas) y ahora alcanzar el millón de onzas anuales, México se posicionaría en el noveno sitio mundial de extracción de oro. Recordemos que, al día de hoy, China ocupa el primer lugar con una producción cercana a los 12 millones de onzas de oro al año. Dada la presente volatilidad financiera en el mundo, los inversionistas vuelven a ver en los metales preciosos –sobre todo al oro- como el más seguro de los refugios para sus capitales. Al iniciar el presente año, los precios de la plata, del cobre y del oro, registraron aumentos del 83, el 33 y el 30 por ciento, respectivamente, comparados con los niveles alcanzados al iniciar el año 2010.

 No sólo las acciones de compañías mineras (como Grupo México, Fresnillo o Peñoles, entre otras) se elevaron sensiblemente por el repunte de la minería en el mundo; también, el país destinó una inversión record del orden de los 13 mil millones de dólares para el período 2010-2012 en proyectos de producción, exploración y equipamiento minero. En resumen, todo parece indicar que las actividades de exploración, explotación, beneficio, fundición y refinación de la minería tenderán a expandirse y a crecer en el país. De la misma manera, y dada la ausencia de una legislación adecuada y de controles institucionales confiables, seguramente habrán de incrementarse también los impactos ambientales de la minería en el territorio nacional.   

El Instituto Nacional de Ecología reconoce a la actividad minera, a la industria química, petroquímica y de refinación de petróleo, como las principales generadoras de residuos peligrosos y causantes de emergencias ambientales en el país. En una proporción aún incuantificable, la minería no sólo ha contaminado el suelo y el agua de numerosos sitios de nuestro territorio, sino también ha sido responsable de la destrucción de vegetación, emisora de grandes volúmenes de gases a la atmósfera y responsable de otros tipos de contaminación (como la auditiva y por vibraciones, por ejemplo). Es lamentable constatar que, a pesar de estos importantes impactos sobre el medio ambiente, en México no existe aún una legislación adecuada ni políticas regulatorias que ordenen y den sustentabilidad –de una vez por todas- a la actividad minera. La misma Cámara Minera de México así lo ha señalado en repetidas ocasiones.

 Éste es un hecho tan contundente, que el día de hoy tres importantes proyectos mineros en el país tienen una fuerte oposición (y con razón) por parte de las comunidades donde se desarrollan o donde se pretenden desarrollar. En el estado de Guerrero, 700 policías comunitarios de la Costa Chica y la Montaña comenzaron ayer a desplegar acciones para frenar los proyectos mineros “Corazón de Tinieblas”, “San Javier” y “La Diana” (todos ellos con significativa inversión extranjera). En el Cerro de San Pedro, en San Luís Potosí, las organizaciones opuestas a la Minera San Xavier se preparan para enfrentar una nueva autorización de la Semarnat para que la empresa –filial de la canadiense New Gold- continúe explotando los yacimientos de oro en esta región, antes considerada refugio para la vida silvestre. Y, en Baja California Sur, población y gobierno estatal se oponen activamente al proyecto minero Concordia –antes Paredones Amarillos- en la Sierra de la Laguna (sitio de enorme relevancia ambiental en la región).

La buena noticia es que la sociedad civil cada día tiene mayor interés y conocimiento de los impactos ambientales de la actividad minera; la mala, es que no todos los implicados en ella están pensando en la sustentabilidad como en una condición básica para la rentabilidad de ésta, una actividad de primordial importancia para el país.▄  

 

Defensores de la Sierra de la Laguna, BCS

 

Policías indígenas de la comunidad Plan de Ayala, en la región guerrerense de la Costa Chica / La Jornada / Foto: Lenin Ocampo

 

Manifestación de Greenpeace frente a Semarnat en contra de los permisos de Minera San Xavier, SLP

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