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Urgente, evitar que espacios de participación ciudadana en materia ambiental sean secuestrados por partidos políticos

 

 

Los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable, en funciones desde los años noventa, convocan al diálogo a sectores social, empresarial, académico, no gubernamental y a las autoridades

 

De las 10 procuradurías ambientales locales en el país, sólo la del Distrito Federal cuenta con órganos consultivos ciudadanos; en las próximas semanas, su renovación    

 

 

Antena Radio / Edición vespertina / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, con el Lic. Francisco Calderón Córdova / 107.9 de FM, 1220 de AM y Radio México Internacional, 1° de agosto de 2011.

 

 

 

A los ojos de muchos, las reuniones acontecidas en días pasados en el Alcázar del Castillo de Chapultepec entre integrantes del movimiento que encabeza el poeta Javier Sicilia, el Ejecutivo y legisladores federales, sería la prueba definitiva de que –en este caso, en temas de seguridad pública- no existen mecanismos de participación ciudadana (o, al menos, no los suficientes o los idóneos) para propiciar el diseño e instrumentación consensuado de las políticas públicas.

 Distintos analistas en los medios de comunicación han coincidido en señalar a este encuentro entre autoridades públicas y representantes de la sociedad civil, como un hecho “inédito”. Esto, quizás, tiene mucho de cierto, sobre todo por las particularidades de la coyuntura actual (de combate armado o “guerra contra el narco”); sin embargo, también es verdad que este tipo de ejercicio de construcción del diálogo entre gobierno y sociedad es, en casos bien específicos, una práctica regular e institucionalizada en el país desde hace ya algunos años atrás y en ciertos sectores del quehacer público.

 Quiero referirme concretamente a la planeación y ejecución de políticas públicas en materia de protección del medio ambiente. En el ámbito federal, desde mediados de la década de los noventa y en la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (la Semarnap, hoy Semarnat), fueron creados los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable. Se trata de órganos de consulta en los que participan representantes los sectores social, empresarial, académico y no gubernamental, así como autoridades locales y federales, jóvenes e indígenas, todos ellos con el interés de promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales y de poner al país en la vía del desarrollo sustentable.

 

 

Gracias a la participación concertada de la sociedad al interior de estos Consejos Consultivos, durante la década de los noventa el gobierno federal tomó trascendentes decisiones cuya motivación central fue la protección y la preservación del medio ambiente. Este fue el caso, por ejemplo, de la suspensión –en el año 2000- del proyecto de construcción y operación de una salinera en la Laguna de San Ignacio, en la reserva del Vizcaíno, Baja California Sur. Según se dijo entonces, en la decisión del presidente Zedillo tuvieron más peso los criterios para la protección del santuario de la ballena gris (muchos de éstos, argumentos vertidos al interior de los Consejos Consultivos), de lo que significaron los supuestos beneficios económicos de contar en el país con la segunda salinera más importante del mundo. 

Así pues, la integración de órganos de consulta y participación ciudadana en el sector ambiental, ha reportado experiencias muy positivas en la gestión institucional mexicana. En el presente, existen consejos consultivos en materias como la protección de la vida silvestre, el manejo de sustancias y residuos peligrosos, para el manejo de cuencas hidrológicas o para el aprovechamiento sustentable de las actividades forestales, entre otros. Para formar parte de estos consejos consultivos, ya sea en el órgano nacional o en los regionales, cualquier ciudadano mexicano interesado en ello puede atender a la convocatoria que con este fin se publica periódicamente. Desde luego, los conocimientos y la experiencia de las personas en temas ambientales es determinante en este proceso. 

En el ámbito local, algunas autoridades ambientales han incorporado en su diseño tanto normativo como institucional la existencia de órganos consultivos integrados por representantes ciudadanos. Así, por ejemplo, de las diez procuradurías ambientales estatales que existen en el país, solamente la del Distrito Federal cuenta con autonomía operativa y financiera, así como con órganos de participación ciudadana. En su máximo órgano de gobierno (el Consejo de Gobierno), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) cuenta con representantes ciudadanos que, con voz y voto, toman decisiones sobre la gestión de la institución; pero, además, este organismo trabaja con un órgano consultivo (el Comité Técnico Asesor) conformado por diez ciudadanos distinguidos, con representación social y conocedores de la materia.   

 

 

En las semanas por venir, la Procuraduría Ambiental capitalina renovará a los representantes ciudadanos integrantes de su Consejo de Gobierno y del Comité Técnico Asesor, esto a través de un proceso de selección y designación a cargo de la Asamblea Legislativa del Distrito. Es importante que los ciudadanos y las agrupaciones interesadas en la protección ambiental en la capital del país pongamos atención y, en la medida de lo posible, participemos en este proceso.

Sólo así, construyendo representatividad, podremos garantizar que los espacios ciudadanos de participación cumplan con su objetivo, y que estos no sean secuestrados –como sucede con otros- por intereses partidistas, gremiales o incluso individuales. 

 

Procuradurías ambientales en los estados:

1.   Aguascalientes

2.   Campeche

3.   Coahuila

4.   Distrito Federal

5.   Estado de México

6.   Guanajuato

7.   Guerrero

8.   Jalisco

9.   Michoacán

10.  Nayarit

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