|
Durante
los últimos cuatro o cinco días, la república mexicana –y en
particular la Ciudad de México- ha vivido los impactos de
las lluvias llamadas “atípicas” que provocaron en el
territorio la tormenta Arlene y la onda tropical
número 5. Los efectos más lamentables han sido el
fallecimiento de 21 personas, en los estados de Veracruz y
Puebla. Aquí, en el Distrito Federal, el jueves y el viernes
pasados presenciamos una serie de emergencias que
trastocaron la seguridad y la vida cotidiana de miles de
capitalinos. Con la caída de alrededor de 30 mil millones de
litros de agua en tan solo 24 horas, el sistema del drenaje
profundo se saturó; se presentó una fisura en el Gran Canal,
en la delegación Gustavo A. Madero, y cerca de 900 viviendas
en las delegaciones Venustiano Carranza e Iztapalapa
sufrieron daños como consecuencia de las prolongadas
lluvias.
Durante el fin de semana se reportaron desalojos en unidades
habitacionales inundadas (como la Unidad Ex-Lienzo Charro,
en Iztapalapa), derrumbes de bardas y anegaciones en patios
de casas, caídas de árboles y numerosos problemas en la
circulación vehicular en prácticamente todas las
delegaciones del Distrito Federal. Quizás el acontecimiento
más difundido (por el seguimiento que hicieron de éste los
medios televisivos), fueron las inundaciones en los
municipios de Netzahualcóyotl y Ecatepec, en el Estado de
México. Según lo informó el gobierno del estado la noche del
jueves, no se había visto una lluvia semejante en 23 años;
esto provocó la saturación y el desbordamiento del Río de
Los Remedios, inundando centenares de casas, negocios y
calles de estos municipios.
Ésta es una situación que no es nueva y que, año con año,
ocupa la atención de los medios de comunicación y engrosa la
lista de propósitos de los gobernantes en turno. En febrero
del año 2010, cuando también tuvimos lluvias “atípicas”, los
municipios de Ecatepec y Netzahualcóyotl vivían una
situación semejante a la de hoy; el Ejército Mexicano y
brigadas del Gobierno del Estado de México trabajaban en la
zona para disminuir los niveles de agua en calles inundadas
y para evitar un desbordamiento mayor del Río de Los
Remedios.
Cada año son miles de millones de pesos los que se canalizan
no sólo para atender la emergencia que, desafortunadamente,
tienen que vivir numerosas familias asentadas en el oriente
y en otras latitudes del Valle de México; sino, también,
para construir obras e infraestructura hidráulica que, muy
probablemente, no deberían estar ahí. Y digo “no deberían
estar ahí” porque, en principio, muchas de las colonias que
cíclicamente padecen inundaciones en la zona metropolitana
nunca debieron asentarse sobre los territorios donde hoy
existen. Argumentar que “padecemos lluvias atípicas” o que
el responsable de estas calamidades es el cambio climático,
es dejar de reconocer que lo que hoy estamos pagando es la
irresponsabilidad de personas, de autoridades y de
dirigentes políticos que propiciaron la ocupación de un
territorio inapropiado para el crecimiento urbano.
Muchos de quienes fuimos niños en los años sesenta y vivimos
en la Ciudad de México, recordamos con claridad que cuando
viajábamos a Puebla teníamos que pasar por la calzada
Ignacio Zaragoza. Era una larga avenida poblada de
majestuosos árboles, en cuyos camellones incluso se
colocaban peluqueros que cortaban el cabello de sus clientes
que disfrutaban del “paisaje” de los volcanes y de las casi
siempre inundadas laderas del Lago de Texcoco. Prácticamente
durante más de cuatro o cinco meses, las colonias que hoy
están asentadas frente al Viejo Peñón de los Baños y gran
parte del municipio de Netzahualcóyotl, estaban cubiertas
por agua. Poco a poco, estos terrenos inundables fueron
siendo ocupados de manera irregular y, después,
regularizados y urbanizados, hasta convertirse en parte
integral de la ciudad. Si a esto sumamos el hundimiento que
está experimentando la Ciudad de México, no nos extrañe
entonces que el agua encuentre nuevamente el camino que
durante siglos trazó.
Afortunadamente, cada vez más están siendo incorporados a la
legislación y a las políticas públicas los criterios del
ordenamiento territorial. Es decir, sólo permitir la
construcción de obras o la realización de actividades en
aquellos sitios donde el suelo tenga la vocación compatible
para ello. Un esfuerzo ejemplar de ello es la creación –hace
10 años- de la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del
Distrito Federal, única autoridad ambiental en el
país que conjunta los criterios de cuidado del medio
ambiente con el uso adecuado del territorio.
Quiero exhortar a nuestro auditorio a que, en el momento en
el que consideren comprar o construir una vivienda, acudan a
este tipo de instancias para recibir asesoría sobre el sitio
más seguro para tener su casa, y que no lo hagan en lugares
de alto riesgo (como barrancas, laderas de ríos u otros
lugares no adecuados).▄
|
Diversidad Ambiental
©, es una
publicación virtual de