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Sólo con la participación de la población funcionarán las reformas ambientales al Código Penal del DF

 

Multas de hasta mil días de s.m. y penas que llegan a los 10 años de prisión para quienes realicen cambios de uso de suelo, tiren residuos de la construcción en sitios prohibidos o afecten parcialmente al arbolado

 

También se castigará la corrupción en la verificación vehicular, la extracción de recursos naturales de bosques de la ciudad y a quienes incumplan con los programas de desarrollo urbano

 

Antena Radio / Edición vespertina / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, con el Lic. Francisco Calderón Córdova / 107.9 de FM y 1220 de AM, 2 de mayo de 2011.

 

Detalle del recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal / foto: Paco Calderón

 

La semana pasada, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por unanimidad importantes reformas al Código Penal local. Estas modificaciones buscan inhibir y castigar algunos de los principales delitos ambientales que, de manera sistemática, se cometen en la Ciudad de México. Esto significa –sin lugar a dudas- la ampliación de los instrumentos jurídicos de los que disponemos los habitantes de la capital del país, para defender nuestro derecho a gozar de un medio ambiente adecuado para nuestra salud y bienestar. Gracias a las reformas aprobadas la semana pasada por los diputados locales, diversas conductas que atentan directamente contra este derecho deberán ser castigadas ya como delitos culposos.

Así, por ejemplo, se impondrán penas de cuatro a diez años de prisión y de 200 hasta mil días de multa, a las personas que invadan los terrenos de conservación (que significan más de la mitad del territorio del Distrito Federal); a quienes efectúen cambios dolosos de uso de suelo, descarguen residuos de la construcción en barrancas y zonas de conservación; o en contra de quienes afecten –incluso parcialmente- al arbolado de la ciudad, exploten o trafiquen ilegalmente la madera. Ciertamente, ésta es una reforma que llega a destiempo si consideramos el imparable avance que ha tenido la mancha urbana sobre los bosques, las barrancas y los humedales del sur, poniente y sur-poniente del Distrito Federal. Pero, por otra parte, es alentador ver que, por fin, los legisladores locales reconocen la importancia de regular jurídicamente y castigar aquellas conductas que merman los imprescindibles servicios que nos brindan los bosques, los árboles, los humedales y el suelo de conservación a los habitantes del altiplano mexicano.

A partir de las reformas aprobadas la semana pasada, toda persona que pretenda cambiar el uso del suelo forestal por tierras de cultivo o pastoreo, o –pero aún- pretenda urbanizar zonas boscosas edificando viviendas o comercios, será merecedora de multas y hasta de cárcel. La misma suerte correrán quienes, ignorando los programas de desarrollo urbano, no respeten las alturas máximas u otras especificaciones impuestas a sus construcciones por la normatividad vigente. Todo esto, sin importar si se trata de un particular o de un funcionario de gobierno de cualquier nivel que otorgue autorizaciones.

También se busca inhibir y castigar la perversa costumbre de ir a tirar grandes volúmenes de cascajo y de residuos de la construcción a –por ejemplo- las barrancas del poniente y del sur de la ciudad, o en los humedales de Tláhuac y Xochimilco (lo que ha producido altos niveles de contaminación de suelo y agua). Quienes transporten este tipo de materiales, deberán comprobar ahora que tienen permiso para ello y, sobre todo, que el destino de estos residuos sólidos es un sitio seguro y autorizado por el gobierno capitalino. Las recientes reformas también han endurecido las penas a prácticas de corrupción en la verificación vehicular; establecen la prohibición de extraer tierra natural, piedras y especies de flora y fauna de los bosques del Distrito Federal.

Todo esto está muy bien, pero no tendrá ningún efecto positivo si los habitantes del Distrito Federal no asumimos la parte que nos toca. Además de buscan conocer y de procurar cumplir de manera voluntaria con la ley, es necesario que nos responsabilicemos de denunciar cuando sepamos o seamos testigos de la comisión de alguno de estos ilícitos que he mencionado, así como de la corrupción o la omisión de las autoridades para hacer cumplir la ley. Una importante herramienta con la que contamos los habitantes de la Ciudad de México para acceder a la justicia en estos temas, es la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (la PAOT). Esta institución (que ahora cuenta con una nueva administración y que retoma su compromiso de servir a la gente), brinda asesoría jurídica, recibe denuncias, investiga los incumplimientos a la ley y, sobre todo, puede representar el interés jurídico de la población afectada y defender su derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. 

Yo invito a nuestro auditorio del Distrito Federal a que se acerque a la PAOT, ya sea a través de su página en Internet en www.paot.org.mx o a los teléfonos 52 65 07 80 y 90. Es importante que los habitantes de ésta y de otras ciudades del país echemos mano de todos los instrumentos de los que disponemos para construir una verdadera ciudadanía ambiental.

 

Diversidad Ambiental ©, es una publicación virtual de Paco Calderón / Av. Revolución 595, San Pedro de los Pinos, México 03800, DF / (52) 55 98 92 53