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Se repiten tragedias climáticas por la nula aplicación de  legislación ambiental del país

 

Por corrupción se ha permitido la construcción de asentamientos humanos sobre zonas de recarga del acuífero, en los humedales o en los cauces de ríos y barrancas

Titular de la Semarnat declara no poder frenar afectación a manglares en Colima, por la existencia "de permisos previos" para explotarles

 

Antena Radio / Edición vespertina / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, con el Lic. Francisco Calderón Córdova / 107.9 de FM y 1220 de AM, 8 de febrero de 2010

 

Año con año es más frecuente presenciar desastres climáticos en México. Pero sobre todo, preocupa la recurrencia de los impactos adversos que traen para la sociedad mexicana eventos como los huracanes, tormentas tropicales, frentes fríos, sequías o las grandes inundaciones. Desafortunadamente, es ya común escuchar en las noticias que a causa de estos fenómenos naturales mueren personas; que familias enteras pierden todo su patrimonio; que los costos para superar la contingencia son cada vez más elevados y que el deterioro del medio ambiente y los recursos naturales se profundiza peligrosamente.

En el año de 1988, el huracán Gilberto arrasó con más del 50 por ciento de las playas del Golfo de México y devastó a la península de Yucatán; en 1995 y 1997, los huracanes Henriette e Ismael, y Paulina, respectivamente, afectaron seriamente a la población de los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero, Jalisco, Colima y Oaxaca. En 1999, incontables familias lo perdieron todo por las fuertes lluvias que causaron el desbordamiento de ríos e inundaciones en los estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco y Oaxaca.

Hace apenas dos años y cuatro meses –en octubre del 2007-, el estado de Tabasco sufrió una de las peores inundaciones de su historia por la convergencia de la tormenta tropical Noel y del frente frío número 5, lo que causó el desbordamiento de los ríos Grijalva, Usumacinta, Carrizal y Mazcalapa. Y, más recientemente, durante los meses de septiembre y noviembre del 2009, decenas de miles de habitantes del norte y oriente del Valle de México perdieron sus bienes y algunos hasta la vida, por efecto de una tromba, venidas de agua e inundaciones.

Sin lugar a dudas, el cambio climático es una variable que contribuye a que el patrón común de las precipitaciones pluviales, su intensidad, su duración o la cantidad de agua que traen, se esté transformando sustancialmente. Baste con observar las lluvias “atípicas” de la semana pasada, que causaron desbordamientos de ríos e inundaciones en el Distrito Federal y en los estados de México, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Querétaro y Chihuahua.

 

Canal de la Compañía, Nezahualcóyotl, Estado de México (foto: La Jornada)

 

Sin embargo, mucha de la responsabilidad de que tantas familias y personas estemos siendo afectadas por el clima de esta manera, recae también en una cadena de malas decisiones –tomadas de manera irresponsable y muchas de ellas teñidas de corrupción- que permitieron la construcción de asentamientos humanos sobre zonas de recarga del acuífero, en los humedales o en los cauces de ríos y barrancas. Hoy, el costo social por estos errores es verdaderamente exorbitante.

 

Canal de la Compañía, Nezahualcóyotl, Estado de México (foto: La Jornada)

 

A pesar de que, desde el año de 1988, México cuenta con una Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, el tema para los servidores públicos y para gran parte de la población no cuenta todavía con la relevancia requerida. Sorprende que, la semana pasada, durante los festejos del Día Mundial de los Humedales, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales federal declaraba no poder frenar la destrucción de una vasta extensión de manglares en el estado de Colima, por la existencia de ciertos permisos; o –también la semana pasada- que las mismas familias que sufrieron daños hace nueve años por el desbordamiento del Río de La Compañía, volvieron a vivir la pesadilla de ver hundido bajo el agua su patrimonio. 

Quisiera creer a las autoridades de todos los órdenes de gobierno cuando declaran que, ahora sí, incorporarán criterios ambientales en todas sus acciones y que mitigarán los efectos negativos del cambio climático en el país. Me gustaría pensar que las instituciones encargadas de procurar justicia en materia ambiental, tendrán la autonomía suficiente para imponer la ley a todos y que velarán efectivamente por el bienestar común.

 Pero, sobre todo, como ciudadanos, tenemos que exigir a las autoridades, a los prestadores de servicios y a los proveedores de bienes de consumo, brindarnos información ambiental suficiente para poder garantizar la continuidad de nuestro patrimonio, de la salud y de la vida misma.  

 

 

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