Destrucción
de bosques implica elevados costos económicos, sociales y
ambientales
Programas de reforestación y recuperación de suelos deben
contemplar el combate y desarticulación de mafias de
talamontes y otros grupos criminales
Antena Radio / Edición
vespertina / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?,
con el Lic. Francisco Calderón Córdova / 107.9
de FM y 1220 de AM,
4 de enero de 2010
La Comisión Nacional Forestal (Conafor), organismo público
descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, inició desde el año pasado trabajos de
restauración de suelos y de reforestación de bosques en 14
municipios del Estado de México y Michoacán en los que se
ubica el corazón del Sistema Cutzamala. Se trata de una
superficie de alrededor de 64 mil hectáreas en la que,
durante cinco años de trabajo conjunto entre autoridades y
comunidades locales, se buscará devolver la salud a la
cuenca hidrológica que alimenta –entre otros cuerpos de
agua- a las siete presas del sistema.
De acuerdo con la información oficial, se estima que la
inversión total en este proyecto (administrado por
Proárbol) rebase los dos mil millones de pesos; pero
–desde luego- los costos de la irracional deforestación que
durante décadas se ha venido haciendo de los bosques de esta
zona del país, son mucho mayores y todavía incuantificables.
Una de las consecuencias más palpables para la población del
Estado de México y del Distrito Federal de la pérdida de los
bosques, es la disminución en la disponibilidad de agua y el
consecuente encarecimiento del acceso a este recurso. Pero,
también, en la Ciudad de México se presentan fenómenos
derivados de la deforestación y la sobreexplotación de las
reservas de agua subterránea, como la aparición repentina de
grietas en zonas urbanas y habitacionales, o el hundimiento
de hasta 35 centímetros por año en importantes extensiones
de la capital.
El deterioro de la calidad del aire en el Valle de México
es, también, otro costo que estamos pagando los habitantes
del altiplano por la destrucción de los bosques. Si bien las
políticas públicas destinadas a controlar las emisiones
contaminantes del parque vehicular trajeron resultados
positivos durante dos décadas, hoy comenzamos a ver una
disminución de su efectividad principalmente por el descuido
de su parte verde (es decir, la protección y el cuidado del
suelo de conservación).
La deforestación de los bosques para convertir sus tierras,
primero, en áreas de cultivo y, después, en zonas
habitacionales, es una práctica que no ha sido combatida con
la firmeza que se requiere; por el contrario, continúa
siendo una irresponsable manera de hacerse de clientelas
políticas, lucrando con la necesidad de vivienda de muchas
familias o, en muchos casos, enarbolando un reparto agrario
que a todas luces ha sido improductivo y ambientalmente
insostenible.
Los bosques (correctamente nombrados “fábricas de agua”)
también son víctimas de la corrupción de autoridades
públicas, de intereses particulares inescrupulosos y del
avance irrefrenable del crimen organizado en todo el país.
En un espléndido artículo publicado el día de hoy en el
diario Reforma, el maestro Iván Restrepo da cuenta de cómo
–a pesar de las promesas hechas y de los compromisos
públicos asumidos por las más altas autoridades del país-
las mafias de talamontes, coludidas con autoridades de los
tres órdenes de gobierno, están destruyendo y llevando a la
agonía a las Lagunas de Zempoala. Éste, por desgracia, es
sólo un ejemplo de un patrón que se repite en todo el
territorio nacional.
Es de festejar la ejecución de programas como el que operan
la Conafor y Proárbol en la cuenca hidrológica del
Cutzamala, pues implica el reconocimiento del vínculo
indisoluble entre la salud de los bosques y la
disponibilidad de agua, entre la conservación y el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Sin
embargo, me parece lamentable que la inversión de tan
cuantiosos recursos públicos no contemple –hasta donde se
puede leer- el combate y la desarticulación de prácticas y
grupos criminales que atentan contra los bosques.
Como habitantes de este país tenemos derecho a un medio
ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar
(artículo 4° constitucional). Exijamos el ejercicio pleno de
este derecho denunciando a quienes atenten contra los hoy
muy vulnerados recursos naturales de nuestro país.▄
