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Tromba al norte de la Ciudad de México pone en evidencia el incumplimiento de leyes ambientales

 

A pesar de que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático había ya predicho este tipo de fenómenos hidrometeorológicos en el centro de la república mexicana, ninguna autoridad ha llevado a cabo acciones o construido obras para prevenir o enfrentar sus consecuencias

La ley proporciona herramientas suficientes para manejar sosteniblemente los recursos naturales, pero nadie la cumple

 

Antena Radio / Edición vespertina / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, con el Lic. Francisco Calderón Córdova / 107.9 de FM y 1220 de AM, 2 de noviembre de 2009

En éste y en otros foros, he asegurado que –al menos en materia ambiental- México cuenta con los instrumentos legales y normativos suficientes para garantizar la conservación y el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y del territorio. Pero también, he subrayado que la persistente inaplicación de la ley en el país, la corrupción en los órganos estatales encargados de procurar justicia y la escasa educación ambiental de la población, son una peligrosa mezcla que sólo puede tener consecuencias como las que vivieron el pasado fin de semana decenas de miles de personas en distintos barrios de Ecatepec, Coacalco, Tultitlan (en el Estado de México), Azcapotzalco y Gustavo A. Madero (en el Distrito Federal).

 

En sus declaraciones a los medios de comunicación, Eruviel Ávila Villegas, alcalde de Ecatepec, aseguró que nunca antes en ese municipio se había visto llover de tal manera y, mucho menos, registrado pérdidas humanas y materiales de esa magnitud. Ramón Aguirre, titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, equiparó los casi 8 millones de metros cúbicos que llovieron el viernes pasado sobre las delegaciones Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, con la cantidad de agua suficiente para llenar cuatro estadios Azteca.

 

En gira por Tultitlan, el gobernador mexiquense de plano responsabilizó de los trágicos hechos a los encargados de la limpieza y del mantenimiento del sistema de cárcamos que debiera regular el descenso del agua desde la Sierra de Guadalupe y a lo largo de la compleja red de ríos y canales de la zona.

 

Ambas declaraciones muestran la sorpresa de estos servidores públicos ante los inusuales acontecimientos climáticos del viernes 30 de octubre en el norte de la Ciudad de México, pero también todos omiten reconocer las raíces del problema y –por tanto- plantear soluciones coordinadas y contundentes.

 

En prácticamente todas las leyes ambientales y territoriales del país, existen ordenamientos que prohíben –por ejemplo- la construcción de vivienda y los asentamientos humanos en las barrancas o en los cauces de los ríos. Pero, en los hechos, miles de familias en el Valle de México, de todas las clases sociales, ocupan barrancas y cauces de ríos sin que ninguna autoridad ambiental de los tres órdenes de gobierno haya podido hacer absolutamente nada para evitarlo. El desconocimiento o el incumplimiento deliberado de la ley, tanto por los ciudadanos como por las autoridades públicas, tiene hoy un costo palpable y, desde luego, muy lamentable en la calidad de vida y el bienestar de muchísimas familias.

 

Como lo ha declarado el director del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, el doctor Carlos Gay García, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático ya había pronosticado fenómenos como los que vivimos el viernes pasado en el norte de la ciudad o, el domingo 6 de septiembre, en Valle Dorado. A pesar de que hay información abundante al respecto –y yo agregaría, de que contamos con legislación suficiente-, las autoridades no han realizado acciones ni obras para prevenir los impactos o para minimizar los costos del cambio climático.

 

Es contrastante que, mientras las autoridades realizan un corte del 40 por ciento en el suministro de agua potable del Sistema Cutzamala a la población de la Ciudad de México, por otra parte miles de millones de litros de agua corren descontrolados y, con su imponente fuerza, devastan a miles de familias en el norponiente del valle.

 

A mí no me queda ninguna duda: aunque la legislación dice cómo y nos da las herramientas para administrar de manera sostenible los recursos naturales del país, lo cierto es que el predominio del interés particular sobre el colectivo, la corrupción en todos los sectores y la desvinculación de las decisiones públicas con el conocimiento científico, nos están reservando tragedias tan penosas como la del fin de semana.

 

Por seguridad, por la de nuestra familia y la de nuestro patrimonio, busquemos asesoría para conocer nuestros derechos y obligaciones ambientales y, desde luego, acatemos y exijamos su cabal cumplimiento.▄  

 

Foto Víctor Camacho / La Jornada

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