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Deficiente vigilancia ambiental provoca acelerada pérdida de recursos naturales en México

 

35% de los manglares han desaparecido y 90% de éstos presentan diferentes niveles de deterioro

Legislación suficiente para la protección ambiental, pero los presupuestos para la vigilancia son mínimos

 

Antena Radio / Edición vespertina / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, con el Lic. Francisco Calderón Córdova / 107.9 de FM y 1220 de AM, 17 de agosto de 2009.

En días pasados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucionales dos artículos de la Ley de Vida Silvestre en donde se prohíbe la remoción, relleno, trasplante, poda, obras o cualquier actividad no científica que afecte a los manglares del país. Y es que resulta que un grupo de empresarios inmobiliarios de la Riviera Maya promovieron un amparo contra esta ley ambiental, por considerar que se violaba su libertad para disponer libremente de su propiedad.

Resulta alentador este fallo del poder judicial, sobre todo al saber que México ha perdido ya más del 35 por ciento de sus manglares y que el 90 por ciento de los que aún existen muestran diferentes grados de deterioro. En todo el mundo, durante las últimas cuatro o cinco décadas, se ha perdido también una tercera parte de estos importantes ecosistemas costeros, lo que nos está haciendo más vulnerables a fenómenos naturales como los huracanes, los maremotos o a las variaciones de las mareas (sin mencionar su enorme relevancia como captadores de dióxido de carbono).

Existen en nuestro país otros ordenamientos jurídicos que limitan el uso que los propietarios pueden dar a sus predios y, más importante, a los recursos naturales que ahí se encuentran. Por ejemplo, en el Distrito Federal, la Ley Ambiental local exige un peritaje y el permiso de la autoridad correspondiente para realizar trabajos de poda o el derribo de árboles, sin importar si éstos se ubican en la vía pública o al interior de una propiedad privada. Quienes incumplan con este requisito, son merecedores de sanciones que llegan incluso a la cárcel.

México cuenta hoy con una legislación ambiental –digamos- suficiente para proteger sus recursos naturales y el equilibrio del medio ambiente, donde sea que estos se encuentren; sin embargo, la vigilancia para su correcta aplicación y el acceso de la población a la justicia ambiental es lamentablemente más que deficiente, incluso hablando de los espacios públicos.

Dos ejemplos: La semana pasada tuve el privilegio de viajar a Acapulco y, allá, de visitar las playas contiguas a la Laguna de Tres Palos. Ahí pude presenciar la llegada de una tortuga marina que desovó a plena luz del día, pero también ver a un grupo de jóvenes robando los huevos que este espectacular quelonio depositaba en su nido. A pesar de tratarles de disuadir e incluso de haber solicitado el apoyo de un policía municipal para frenar y sancionar este delito, nada sucedió y debí sentirme satisfecho sólo con ver que la tortuga logró regresar al mar intacta.

 

 

También en Acapulco, pero en su área urbana, la zona del mirador y los alrededores de La Quebrada, emblemática cañada desde donde saltan valientes clavadistas, todos los días amanece llena de enormes cantidades de basura que no sólo contamina calles y alcantarillas, sino también al mar: botellas vacías de vidrio y plástico, vasos de unicel o de cartón, envolturas de todo tipo de frituras y fuertes olores a orín.

En ambos casos que relato, ni la ley que protege a la vida silvestre ni la que exige el manejo integral de los residuos sólidos, tuvo efectos sobre quienes les incumplieron.

 Desafortunadamente, la vigilancia del cumplimiento de las leyes ambientales en México no es prioritaria, ni en el ámbito federal ni mucho menos en el local. Al menos así lo evidencia la estructura del gasto público y la mínima cuantía de recursos dedicada a la procuración de la justicia ambiental.

Ante esta realidad –que ha permitido la pérdida de una tercera parte de los manglares, de más de 600 mil hectáreas de bosques al año o el dispendio del agua en nuestras ciudades-, invito a nuestros radioescuchas a informarse sobre las leyes que protegen al medio ambiente y a convertirse en activos vigilantes de su aplicación. Sólo denunciando y exigiendo a las autoridades que realicen su trabajo lograremos una eficaz aplicación de la ley y la preservación de los recursos naturales del país.

 

"... Durante los primeros seis meses del año, estas secretarías habían sido favorecidas con recursos por encima del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Sólo Ssa, Segob y Semarnat reportaban caídas.

(Millones de pesos)

 SCT

5,367

SEP

3,614

Sagarpa

2,002

Hacienda

1,682

SRA

990

SSP

935

Economía

915

SRE

636

Turismo

616

PGR

444

Energía

195

Sedena

160

STPS

118

Marina

88

SFP

75

Sedesol

35

Semarnat

-40

Ssa

-190

Segob

-300

Fuente: Reforma, agosto de 2009

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