El Ajusco casi
completamente deforestado, contaminado, urbanizado y
privatizado
Las
autoridades ambientales del DF tienen que rendir cuentas de
sus pocos o muchos resultados, en materia de protección del
suelo de conservación
El 2009 es
año electoral y, por experiencia, sabemos que en estos
períodos aumentan las invasiones al suelo de conservación
Antena Radio / Edición
vespertina / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?,
con el Lic. Francisco Calderón Córdova / 107.9
de FM y 1220 de AM,
5 de enero de 2009.
Con motivo de una investigación sobre la producción
azucarera en el Estado de México, desde hace algunos días
estoy instalado en el encantador pueblo de Malinalco. Una de
las rutas más sencillas para llegar hasta acá, es por la
carretera panorámica del Ajusco y luego su desviación hacia
territorio mexiquense, justo en la cumbre. Debo confesar que
tenía más de diez o quince años sin pasar por esa zona del
Distrito Federal, y en verdad me sorprendió constatar que lo
que alguna vez fue una de las zonas boscosas más hermosas a
la que teníamos acceso los citadinos, hoy está casi en su
totalidad urbanizada, visiblemente contaminada, salvajemente
deforestada y privatizada.
El Parque Nacional Cumbres del Ajusco se ha transformado
radicalmente con la aparición de complejos habitacionales de
nivel medio-alto y colonias populares con muy deficientes
servicios públicos –en el Ajusco medio-, así como con
lujosos ranchos, campos de “gotcha” y clubes hípicos que
aparecieron en la parte alta.
Ya hace diez años, las investigadoras de El Colegio de
México, Martha Schteingart y Clara Salazar, nos advertían
sobre la magnitud de la devastación: en 26 años (1971-1997),
la urbanización del Ajusco medio avanzó en un 400 por
ciento, ocupando más del 30 por ciento de la zona, perdiendo
el 80 por ciento de las tierras de cultivo y viendo
desaparecer el 30 por ciento de pastizales. Peor aún, se
acabó con el 77 por ciento de los matorrales de senecio,
originarios del Ajusco y únicos en el planeta; y más de la
mitad de los bosques de encino y el 74% de los bosques
mixtos del Ajusco dejaron de existir.
Por aquellas fechas -1997- fue emitida la primer Ley
Ambiental del Distrito Federal (reformada algunos años
después) y se clasificó como “suelo de conservación” a más
de la mitad del territorio del Distrito Federal
(fundamentalmente las zonas verdes de las delegaciones del
sur y sur poniente de la capital). Esto se hizo con la
finalidad de proteger jurídicamente a los bosques, las
barrancas, humedales y zonas de recarga del acuífero que dan
viabilidad ambiental a la ciudad. Se estableció que los
únicos usos del suelo permitidos en esta parte del
territorio del Distrito Federal, serían –entre otros- los
forestales, agrícolas o ecoturísticos, y expresamente quedó
prohibida su urbanización.
Sin embargo, en los hechos esto no fue ni ha sido suficiente
para detener el avance de la ciudad sobre sus bosques (un
avance de más o menos una hectárea diaria). Hoy, ya existen
alrededor de 800 asentamientos irregulares en las siete
delegaciones con mayor cantidad de suelo de conservación, y
donde viven más de 25 mil habitantes que demandan servicios
en una extensión de alrededor de 3 mil 500 hectáreas que,
antes, fueron áreas verdes. Entre otros impactos ambientales
que, consecuentemente, están deteriorando la calidad de vida
de todos quienes vivimos en el DF, se estima que por cada
hectárea que se ha perdido de bosques, dejaron de captarse
dos y medio millones de litros de agua al año. Haga usted
sus cuentas.
Este año –el 2009- es un año electoral; por experiencia,
sabemos que es en estos años cuando se ve un incremento de
las invasiones y la pérdida significativa de importantes
extensiones de suelo de conservación. Desafortunadamente,
quienes lucran políticamente con la necesidad de vivienda de
las personas o los que acaparan el patrimonio natural de la
ciudad quebrantando la ley, no han encontrado en las
autoridades ambientales de la ciudad un freno contundente a
su vocación ecocida. La pérdida del Ajusco es más que
elocuente.
Mi recomendación para este año es que pongamos más atención
en las propuestas que en materia de política ambiental, nos
hagan los aspirantes a ocupar los cargos de elección popular
en la ciudad. Pero, también, que hagamos uso del derecho que
tenemos para que las autoridades ambientales nos rindan
cuentas de su actuación y de sus pocos o muchos resultados,
en su tarea de proteger nuestro derecho constitucional a un
medio ambiente adecuado para nuestra salud y bienestar. ▄
