Prioridades ambientales deberán incorporarse a criterios de planeación en las organizaciones

 

Antena Radio / Edición matutina con Mario Campos / 107.9 de FM y 1220 de AM, 25 de diciembre de 2008

 

Se acabó el 2008, y con la conclusión de este ciclo viene, como es costumbre, la evaluación de los logros alcanzados durante el año no sólo por las personas, sino –sobre todo- por las organizaciones públicas y las privadas. Al igual que lo hace gran parte de la gente en lo particular (cuando al iniciar el nuevo año establece compromisos y propósitos para los siguientes doce meses), en las instituciones gubernamentales y en las áreas de planeación estratégica de las empresas también se elaboran programas anuales de trabajo y se fijan las metas deseables.

Corresponde a los servidores públicos del Estado y a los administradores gerenciales realizar la evaluación anual de sus propios indicadores de gestión; es decir, revisar si se hizo y se gastó lo que se planeó, qué se logro y qué no, por qué y cómo deberá actuar en el futuro la organización para alcanzar sus metas o replanearlas. Pero –finalmente- es a la ciudadanía, a usted y a mí, a la sociedad en su conjunto, a quienes nos toca evaluar los impactos que tal o cual decisión tuvo sobre nuestra calidad de vida y en el bienestar de la comunidad en general.

En términos de la política ambiental, seguramente durante estos días las instituciones públicas federales y locales encargadas del tema preparan ya sus informes de gestión 2008, donde se dará a conocer a la ciudadanía sobre los logros alcanzados y, más veladamente, de los fracasos enfrentados a lo largo del año. Pero, independientemente de lo que ahí se diga, existen hechos contundentes que impactan a nuestra vida cotidiana y a partir de los cuales los gobernados percibimos si las cosas van bien, regular o mal, en temas como la contaminación ambiental, la deforestación de nuestros bosques y selvas, la calidad y disponibilidad del agua o los impactos del cambio climático en nuestro territorio. Haga usted su propia evaluación.

Mi percepción de la situación ambiental a lo largo del año 2008 –tanto en el contexto nacional como en el global-, me lleva a identificar una serie de prioridades que, en mi opinión, deberán incorporarse necesariamente al terreno de los propósitos, en los programas operativos anuales y las metas 2009 de las instituciones públicas, de las empresas privadas y de las organizaciones civiles. 

Así, por ejemplo, si tal y como se ha afirmado, después de la reciente Conferencia de la ONU sobre cambio climático, México ocupa un lugar de liderazgo en el conjunto de las naciones iberoamericanas y frente a los países desarrollados en materia de cambio climático, nuestro país no deberá limitarse a promover el flujo de financiamiento y de nuevas tecnologías a la región. Sobre todo, México deberá también fortalecer los esquemas de promoción e incorporación de la participación social en los procesos de toma de decisiones, asegurando con ello criterios de equidad en las negociaciones internacionales que garanticen el acceso de la población latinoamericana a los mínimos de bienestar, el permanente mejoramiento de su calidad de vida y la impartición efectiva de justicia (incluida la justicia ambiental).

En el 2009, nuestra nación tiene el reto (y debiera asumirse no sólo como un propósito) de permear los criterios de cuidado del medio ambiente en todos los sectores de la administración pública (llámese sector económico, agricultura, comercio, salud, energía, turismo o cualquier otro), así como en las actividades productivas, comerciales y de servicios. La preservación y la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, no sólo corresponde a un sector administrativo del Estado; es una obligación que atraviesa de manera transversal a todo el aparato público, pero también a la sociedad en su conjunto.

En la reciente Conferencia de Poznan, en Polonia, nuestro país se comprometió a reducir –para el 2050- a la mitad sus emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Si queremos ser consecuentes y alcanzar ese propósito en el largo plazo, desde hoy tenemos que ver cómo le vamos a hacer. Debemos comenzar ya a identificar áreas de oportunidad, a negociar y concretar acuerdos con la planta productiva, con la población en todos los estados y entre los legisladores; hay que distribuir responsabilidades diferenciadas entre los sectores productivos y los gobiernos, así como fortalecer definitivamente a las autoridades ambientales que vigilarán y aplicarán castigos y sanciones a quienes no cumplan. En fin, 2009 pudiera ser –ese es mi deseo- el año de los grandes acuerdos nacionales para construir el desarrollo sustentable.  FELIZ AÑO.

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